Conflicto jurídico entre el art. 76 numeral 7 literal m de la constitución de la república del ecuador y el art. 587 numeral 2 del código orgánico integral penal, al impedir el derecho a recurrir de la resolución de archivo del juez
DOI:
https://doi.org/10.23857/dc.v10i1.3781Palabras clave:
Supremacía Constitucional, Derecho a recurrir, Derecho a la seguridad jurídica, Garantías básicas, Vulneración de derecho constitucionalResumen
Nuestra Constitución del Ecuador en su artículo 76 numeral 7 literal m establece que, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones las personas tendrán la garantía de poder recurrir al fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos, no así con lo que determina el Art. 587 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal el cual indica que las resoluciones de los juzgadores no serán susceptibles de impugnación, careciendo de eficacia jurídica, ya que al no poder impugnar algún fallo o resolución se estaría vulnerando derechos a las personas y por ende pasando por encima de lo que manda nuestra Carta Magna. El presente artículo científico tuvo como objetivo demostrar el conflicto legal que existe entre el art. 587 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal y el art. 76 numeral 7 literal m de la Constitución de la República del Ecuador, al impedir el derecho a recurrir la resolución de archivo del juez, desde la perspectiva del libre ejercicio en el cantón pedernales durante el año 2023. La presente investigación por su modalidad fue cualitativa – cuantitativa, evidenciándose los resultados en gráficos con porcentajes y a su vez las entrevistas realizadas a los abogados. Tras el desarrollo de la presente investigación se concluyó que existe un conflicto legal entre lo que prescribe la CRE y el COIP, ya que se estaría saltando la Supremacía Constitucional y la jerarquía normativa. Siendo el derecho a recurrir una garantía constitucional que estaría siendo ignorada por los órganos del sistema de administración de justicia, ya que existe una clara contradicción en lo que determina la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, además de una vulneración de derechos y garantías a las personas.
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