Anólisis de los factores relacionados con el trófico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización

Ciencias Sociales y Políticas

Artículo de Investigación    

Análisis de los factores relacionados con el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización

Factors related to trafficking in scheduled controlled substances

Análise dos fatores relacionados ao tráfico de substâncias inventariadas sujeitas a controle

Correspondencia: ravilae35@est.ucacue.edu.ec

*Recibido: 15 de diciembre de 2021 *Aceptado: 30 de diciembre de 2021 * Publicado: 26 de enero de 2022

I.          Abogado, estudiante de la Maestría en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Unidad Académica de Posgrado, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

II.       Docente de la Maestría en Maestría en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Unidad Académica de Posgrado, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

III.    

Resumen

El tráfico ilícito de droga se ha caracterizado por las acciones de ofertar, vender, distribuir, trasportar o enviar compuestos de sustancias ilícitas, las mismas que están condenadas con penas privativas de la libertad. En este contexto el objetivo del presente estudio fue determinar los factores que motivan el tráfico de sustancias ilícitas. La metodología que se planteó fue de tipo descriptiva con un enfoque cualitativo, a través de la revisión bibliográfica. Para la recolección de información se emplearon las principales bases de datos como son Dialnet, Scielo, Redalyc, Google Académico y Scopus; con la información obtenida se efectuó un análisis socio-jurídico de tipo penal. Finalmente, se encontró que los factores que se relacionan con el tráfico de sustancias, denota consideraciones múltiples en diferentes ámbitos y se determinó que Latinoamérica se ha configurado en una de las regiones cruciales del tráfico ilícito de sustancias, debido a que en esta zona se encuentran distintas rutas que atraviesan varios países para la distribución. Ecuador es considerado como un estado de tipo geopolítico, su territorio es una plataforma de tránsito del tráfico ilícito, las organizaciones ilícitas buscan distintas alternativas donde sus ganancias siguen creciendo y la problemática no se contrarresta. Respecto a la legislación Ecuador y Perú cuentan con un régimen normativo similar, así como México y Colombia.

Palabras clave: Tráfico de estupefacientes; régimen jurídico; Latinoamérica.

Abstract

Illicit drug trafficking has been characterized by the actions of offering, selling, distributing, transporting or shipping illicit substances, which are punishable by prison sentences. In this context, the objective of this study was to determine the factors that motivate the trafficking of illicit substances. The methodology used was descriptive with a qualitative approach, through a bibliographic review. For the collection of information, the main databases such as Dialnet, Scielo, Redalyc, Google Scholar and Scopus were used; with the information obtained, a socio-legal analysis of criminal type was carried out. Finally, it was found that the factors related to the trafficking of substances, denotes multiple considerations in different areas and it was determined that Latin America has become one of the crucial regions for the illicit trafficking of substances, due to the fact that in this area there are different routes that cross several countries for distribution. Ecuador is considered a geopolitical state, its territory is a transit platform for illicit trafficking, illicit organizations seek different alternatives where their profits continue to grow and the problem is not counteracted. In terms of legislation, Ecuador and Peru have a similar regulatory regime, as do Mexico and Colombia.

Keywords: Drug traffic; legal regime; Latin America.

Resumo

O tráfico ilícito de drogas tem se caracterizado pelas ações de oferta, venda, distribuição, transporte ou envio de compostos de substâncias ilícitas, que são passíveis de reclusão. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi determinar os fatores que motivam o tráfico de substâncias ilícitas. A metodologia proposta foi descritiva com abordagem qualitativa, por meio de revisão bibliográfica. Para a coleta das informações, foram utilizadas as principais bases de dados, como Dialnet, Scielo, Redalyc, Google Scholar e Scopus; Com as informações obtidas, foi realizada uma análise criminal sociojurídica. Por fim, verificou-se que os fatores relacionados ao narcotráfico denotam múltiplas considerações em diferentes áreas e determinou-se que a América Latina se tornou uma das regiões cruciais do narcotráfico, pois nesta área existem diferentes rotas através de vários países para distribuição. O Equador é considerado um estado geopolítico, seu território é uma plataforma de trânsito para o tráfico ilícito, as organizações ilícitas buscam diferentes alternativas onde seus lucros continuem a crescer e o problema não seja combatido. Em relação à legislação, Equador e Peru possuem regime regulatório semelhante, assim como México e Colômbia.

Palavras-chave: Tráfico de drogas; regime jurídico; América latina.

Introducción

La comercialización de drogas constituye una problemática a nivel mundial, la cual ha motivado a que los países sancionen este tipo de comercio, ya que no solo afecta a un determinado grupo de personas sino a toda una sociedad, el tráfico de droga está catalogado como un delito de crimen organizado y a su vez, se encuentra relacionado con otros delitos como el sicariato, lavado de activos, la trata de personas, robo, entre otros.

Las organizaciones criminales pueden ir desde complejas estructuras empresariales con jerarquías y procesos articulados por cientos de personas en diferentes países del mundo, hasta un grupo pequeño de familias que viven en graves condiciones de vulnerabilidad económica y social que se dedican a vender reducidas cantidades de drogas. Sin embargo, independientemente de la labor que realicen, todas las organizaciones están compuestas por más de tres personas y todo comportamiento relacionado con el tráfico de drogas es considerado un delito grave (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO], 2020).

En este sentido, el narcotráfico es la progresiva diversificación criminal, es decir, es una poderosa organización conformada por bandas que crecen para proteger a los carteles y que adquieren poder para corromper autoridades con información de territorios para la comercialización de la droga, en distintos lugares las bandas delictivas logran tener diferentes grados de capacidad extractiva y cada vez se va incrementando el mercado ilegal (Bergman, 2016).

A pesar de que la mayoría de países a nivel mundial han eliminado la criminalización del consumo de drogas, puesto que ésta ha sido descrita como un problema de salud, aquello ha significado una puerta para que cada vez más personas comercialicen de manera ilegal estas sustancias, debido a que es considerada para las organizaciones delictivas como una fuente de ingresos rentable.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019) determina el tráfico ilícito de drogas como una actividad de la delincuencia organizada que está considerada a nivel mundial, es una lucha de seguridad con mayor transcendencia que afronta sobre todo los países latinoamericanos. Esta acción radica en el cultivo, fabricación, distribución y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización.

Al mismo tiempo, la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga (2019), mediante informe mundial presenta que alrededor de 271 millones de personas de entre 15 a 64 años, esto es, el 5.5% de la población a nivel mundial consumieron drogas en el año 2016. En la actualidad estas estimaciones han incrementado, es decir existe una problemática grave de dependencia perjudicial a este tipo de sustancias, lo que genera que la demanda del tráfico de sustancias ilícitas aumente y se minimice su erradicación.

Es por ello que, se hace evidente la importancia de la presente investigación, dado que dicha problemática genera daño a toda la sociedad a nivel mundial, en ocasiones irreparable, afectando su calidad de vida, provocando exclusión social, violencia e inseguridad en la población; cuya prevención no se ha cristalizado a pesar de los considerables esfuerzos de los gobiernos.

De la misma manera, es imprescindible la necesidad de identificar los factores o elementos que coadyuvan a que un individuo se inserte dentro del tráfico ilícito, puesto que se aporta información productiva en este ámbito para la sociedad que exige que la inseguridad sea controlada y erradicada, así como también, se brinda un soporte para que se valore la aplicación de políticas y normativas que permitan disipar este problema que tanto prejuicio ha ocasionado a la sociedad.

Bajo este contexto, con el fin de generar nuevos conocimientos, en la investigación se formuló como pregunta de investigación ¿Cuáles son los factores que se relacionan con el tráfico de sustancias ilícitas? y para responder a dicha interrogante se planteó como objetivo determinar los factores que motivan el tráfico de sustancias ilícitas, a través de una revisión de literatura científica nacional y extranjera.

Referentes teóricos

El tráfico de sustancias se entiende como las acciones de ofertar, distribuir, vender, enviar o trasportar compuestos que comprenden sustancias psicotrópicas y estupefacientes, estas acciones son sancionadas con penas privativas de la libertad de acuerdo a la escala o nivel de posesión (Naranjo, 2016). Adicionalmente, la ONU (2021) clasifica y determina las distintas clases de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, de acuerdo al daño y efectos que genera al ser humano, a su vez este organismo estableció la CND o Comisión de estupefacientes la cual contiene dos principales estructuras: la revisión de resoluciones de los distintos segmentos normativos a partir de tratados, y otra sección como ente rector de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, este organismo denota la preocupación que existe a nivel mundial y el fortalecimiento de las acciones para la ejecución de los compromisos para minimizar el problema de droga a nivel internacional.

Dentro de la lucha para eliminar el tráfico de drogas se han impuesto sanciones que coaccionan dicho actuar; sin embargo, estas leyes solo logran alcanzar una mínima parte de esta red delictiva, como son aquellas personas que venden sustancias ilícitas en pequeñas cantidades, permitiendo que las organizaciones dedicadas a esta actividad ilegal, franqueen la normativa puesto que no son ellos quienes expenden de manera directa dichas sustancias, originando que ganen territorio dentro de una población en concreto.

En este sentido, considerables sumas de dinero sin un control financiero y jurídico hacen que el tráfico de droga sobresalga en los procedimientos de un estado, es decir contienen un tejido estructurado que vigila la sociedad y el país en general (Huanacuni et al., 2019). Dentro de este orden de ideas, el narcotráfico posee la facultad de causar inconvenientes de gobernabilidad, al interrumpir la autoridad del estado con el control del territorio y a su vez de la población, esta actividad conlleva a superar los límites geográficos y perturbar la estabilidad o seguridad internacional.

Así mismo, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 1988, determina que esta actividad es una amenaza crítica para el bienestar y la salud del ser humano con una significativa introducción en los distintos grupos sociales, por lo cual esta Convención busca que los países tipifiquen el tráfico Ilícito de drogas en sus concernientes ordenamientos desde la siembra, cultivo y comercialización, es decir cualquier delito que esté vinculado con el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización (Rosas, 2019).

Al respecto, Sain y Games (2015) mencionan que el tráfico de drogas está contemplado como una actividad criminal que configuran negocios y labores económicas de amplia rentabilidad y extensión, las personas involucradas o grupos delictivos que conforman estas acciones han logrado indicios de un amplio dinamismo y complejidad en Latinoamérica.

El narcotráfico se puede comprender desde un análisis económico, es decir que uno de los factores que influye en este ámbito es la rentabilidad del negocio; Wainwright (2017) realiza una investigación y compara el costo de un kilogramo de droga atravesando distintos países, por ejemplo: 350 kilogramos de hojas de coca en Bolivia cuestan $385 dólares, luego al procesarla a un kilo de cocaína se comercializa en $800 dólares en Colombia. Ese mismo kilo al ser exportado incrementa su valor en unos $2.200 dólares, a su vez al ser enviado a Estados Unidos su precio está entre los $14.500 y $19.500 dólares; para finalmente entregar a los distribuidores en $78,000. Con este análisis se quiere demostrar cómo la circulación de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización incrementa su valor, a medida que se aproxima a Norteamérica deduciendo las exorbitantes ganancias que obtienen los sujetos que forman parte de estos negocios ilícitos. 

En función de lo planteado, la perspectiva que se busca entender es que el narcotráfico funciona a partir de las leyes del mercado. Esto significa que los gobiernos de cada país plantean la erradicación del cultivo o suministro para encontrar una alternativa y minimizar la producción, sin embargo, los narcotraficantes buscan distintas alternativas; para ellos que se genere escasez de producto determinan que se eleve el precio y por tanto provoca grandes ganancias (Nieto, 2019).

De la misma manera, Raffo y Gómez (2017), en una investigación sobre redes criminales y corrupción en la era del microtráfico y el narcomenudeo analizan que el microtráfico es la mayor vinculación de drogas o sustancias ilícitas con el territorio y determinan que las políticas de seguridad contra el tráfico ilícito deben enfocarse hacia la oferta de producto, ya que estas redes delictivas con el trascurso del tiempo siguen apoderándose del territorio.

En razón a lo expuesto, la problemática del tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización afecta tanto a los individuos que las consumen como a la sociedad en general, por los delitos que conlleva esta actividad. Las acciones que se entienden como tráfico de sustancias ilícitas forman parte de ofertar, distribuir, vender o enviar; forjando un dinamismo que conlleva a generar leyes que buscan erradicar el problema, sin embargo, se entiende que sólo logran alcanzar una mínima parte de esta red delictiva, ya que los individuos que la conforman encuentran soluciones que les acarrea ganancias, más no la supresión de la organización.

Metodología

La estrategia metodológica utilizada en la investigación fue de tipo descriptiva, no experimental, mediante un enfoque cualitativo. Es decir, se parte de la investigación descriptiva, teniendo en cuenta que se pretende describir una realidad en sus diferentes componentes o características fundamentales con información comparable y sistemática (Guevara et al., 2020). Analizando para ello diferente material escrito relacionado con el tema de estudio, tal como lo refiere Muñoz (2015) se tiene como fin “descubrir las características o propiedades de ciertos grupos, individuos o fenómenos; para obtener correlaciones que le ayudan a determinar o describir comportamientos o atributos de las poblaciones, hechos o fenómenos investigados” (p.85).

Aunado a lo antes expuesto, la investigación es de tipo no experimental ya que no existe la manipulación de variables, al respecto Hernández et al. (2014) Refiere que, en este tipo de estudios lo que se hace es “observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural” (p.152) así también, se emplea el enfoque cualitativo puesto que se realiza la descripción de diferentes acontecimientos sociales con el objetivo de entenderlos y explicarlos mediante el empleo de métodos derivados de sus concepciones y fundamentos epistémicos (Sánchez, 2019).

De acuerdo a la metodología propuesta, se procedió con la descripción de los fenómenos asociados al tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, a través de la revisión de fuentes bibliográficas de la literatura científica nacional y extranjera, publicadas en las principales bases de datos, tales como: Dialnet, Scielo, Redalyc, Google Académico, Scopus; otorgando prioridad a los estudios publicados los últimos cinco años relevantes y oportunos.

Con la información obtenida se llevó a cabo, un análisis socio-jurídico del tipo penal y una exploración de las medidas preventivas establecidas en los cuerpos normativos que regulan el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y políticas adoptadas por el estado ecuatoriano para combatir la problemática. Así mismo, se realizó la indagación del marco legal que regula el tema de estudio en países de Latinoamérica como Perú, Colombia y México aplicando con ello los métodos analítico -sintético y el método comparativo, los cuales permitieron el análisis desde la observación de los hechos examinados para llegar a la comprensión de todos sus componentes.

Resultados

El tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en Latinoamérica

El tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización está considerado a nivel mundial como una serie de dificultades de la sociedad con distintas modalidades de distribución, sobretodo en Latinoamérica, a causa de que la misma se ha establecido como uno de los principales territorios para la distribución ilícita de drogas con trayectos estratégicas a partir de los distintos países.

En este sentido, Lozano (2016) asegura que América Latina se ha convertido en una de las regiones claves del tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, los narcotraficantes comercializan las drogas, empleando diversos países como rutas para la distribución de manera terrestre, marítima y aérea.

Por otro lado, se plantea la existencia de una encrucijada que necesita llegar a un acuerdo en los distintos países por el uso de las sustancias psicotrópicas, en vista de que en ciertos lugares las utilizan de manera regular, por que denotan que es conveniente para la salud o por tradiciones culturales, sin embargo, otras en su mayoría son perjudiciales para el ser humano, es decir las sustancias ilícitas varían de acuerdo a la legislación de cada estado (Valdés, 2018).

A partir del tráfico ilícito de sustancias el crimen organizado se ha convertido en América Latina, como un punto de trasbordo para la droga y refugio para organizaciones que dirigen redes de prostitución, falsificación, contrabando de inmigrantes, desviación de mercancías y otras acciones ilícitas. Todo el territorio ha sido abarrotado por las cantidades de dinero proveniente del narcotráfico, que se introduce en el sistema financiero y a su vez proporciona los medios para corromper a funcionarios, o entes de un país. Esta problemática promueve a que la impunidad criminal intimide a la sociedad civil y a si mismo se minimice las inversiones extranjeras por la devastación de infraestructuras y el incremento de la demanda de servicios de protección (Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, 2007).

En consecuencia, el narcotráfico está conformado por una desmedida estructura delictiva que abarca la producción, cultivo, trasporte y comercialización de drogas, siendo relevante profundizar la comercialización de dichas sustancias ilegales en los regímenes de Ecuador, Perú, Colombia y México, puesto que estos países están considerados como principales rutas del tráfico de sustancias y se necesita en este ámbito la cooperación internacional tanto entre la sociedad civil como los representantes estatales, para optimizar las estrategias y los medios para el desarrollo de destrezas, para minimizar las acciones ilícitas y obtener una óptima estabilidad en los países y el buen vivir de la región.

Ecuador

Con el propósito de resguardar cada país, las diferentes legislaciones consideran sus escenarios y contextos sociales para aplicar políticas públicas debido al incremento de esta acción delictiva.

A pesar de las determinaciones que ha realizado el gobierno ecuatoriano por prevenir y erradicar el tráfico de sustancias ilícitas, este aún sigue causando graves secuelas dentro de la población, donde cada vez son más personas las que ingresan en este actuar, según Gómez (2018) a pesar de los esfuerzos por eliminar el narcotráfico, la economía permanece vigente, dominante e influyente en los grupos delincuenciales a nivel mundial.

Luego de varias décadas y a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador el 20 de octubre del 2008 y con su última modificación el 13 de julio de 2011, se constitucionalizó aquellas medidas que deben de ser adoptadas por parte del gobierno, esto ya que en la actualidad la dependencia de drogas es considerada un tema de salud pública.

Tal como lo establece el artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador (2011) las adicciones son un problema de salud pública, por lo cual el país es el encargado de desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; además el Estado debe brindar el respectivo tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, sin vulnerar sus derechos constitucionales (Asamblea Nacional, 2011).

De modo pues, los aspectos más relevantes que caracterizan el tráfico ilícito de drogas en el Ecuador se reflejan en la opinión de los autores citados y la norma constitucional en la tabla que a continuación se expone.

Tabla 1 Descripción del tráfico de sustancias en Ecuador

Fuente: Elaboración propia.

Profundizando con el tema, en Ecuador se desarrolló el régimen normativo, a partir de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Ecuador o Ley 108 (Asamblea Nacional, 2005), publicada en el Registro Oficial 523 del 17 de septiembre de 1990 y establecida en varias instancias desde su entrada en vigor (1992, 1994 y 1997), codificada en 2004 y reformada en el año 2005; está ley promovió la creación del Consejo Nacional para el Control de Drogas Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, CONSEP y tuvo como objetivo combatir y erradicar la producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, para proteger a la sociedad de los peligros que derivan de estas actividades (Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, [CONSEP], 2005).

En el artículo 38 de la Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas indica a cerca de la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y describe que nadie podrá, sin autorización legal o previa receta médica, mantener en su persona, ropa, maleras, vivienda, sitio de trabajo u otro lugar, cualquier cantidad de sustancias sujetas a fiscalización, ni tenerlas, en cualquier forma, para el tráfico ilícito (CONCEP, 2005).

Como se describe anteriormente se promueve una secuencia de reformas de la ley de sustancias con un único fin que es la erradicación de las diferentes etapas que contiene la comercialización de droga, esto para ayudar y proteger a la población, se analiza que cualquier cantidad de sustancias está prohibida en el país y por ende al disponer de ellas, se está incumpliendo la ley y las obligaciones establecidas.

Así mismo, existe ciertas restricciones sobre el trasporte de drogas en el artículo 39, se prohíbe la importación de las sustancias sujetas a fiscalización que no tengan uso terapéutico o fines de investigación. Sin embargo, sólo podrán importarse las drogas de uso terapéutico con la autorización escrita otorgada por CONSEP y demás organismos planteados en la ley, con distintas determinaciones como peso y concentración de las sustancias mencionadas (CONSEP, 2005).

Es importante mencionar que La Ley 108, no se enfoca hacia un tema de salud pública, se presenta como prioridad de aplicación de la ley; además esta normativa no se elaboró como resultado de trasformaciones relevantes del mercado de la droga o respecto a la realidad del país, esta ley fue la consecuencia de presiones internacionales para el control de drogas.

En este contexto, para contrarrestar la Ley 108 de 1990, en octubre de 2011 se presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador (2014), el proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), que en sus artículos 219-228 reemplaza la sección penal de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108), a partir de su aprobación en febrero de 2014.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) del 10 de febrero de 2014 y con su última modificación el 25 de enero de 2017, en su artículo 1 describe que tiene como objetivo normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, determinar el proceder para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.

Al analizar los delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, el COIP en su artículo 219 instaura que la persona que directa o indirectamente sin autorización produzca, fabrique, extraiga o prepare, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años; en cuanto al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en el artículo 220 se indica que la persona que directa o indirectamente sin autorización oferte, almacene, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, posea o en general ejecute tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados, serán sancionada con pena privativa de libertad, a partir de las cantidades que se encuentre (Asamblea Nacional, 2014). En este artículo de ley se instaura que una escala mínima se tiene una pena de uno a tres años; mediana escala de tres a cinco años de prisión; alta escala de cinco a siete años y gran escala de diez a trece años.

Por otra parte, dentro de la Ley Orgánica De Prevención Integral Fenómeno Socio Económico Drogas, se incorporó una clasificación de drogas y sustancias sujetas a fiscalización en el artículo 6, por una parte, se presentan para prevención y atención el uso a bebidas alcohólicas, productos derivados del tabaco, sustancias de origen sintético e industrial; por otra parte, constan estupefacientes, psicotrópicos y precursores químicos, para regulación y control del ente pertinente. Con este registro oficial Nº 615 se incorpora los anexos de las sustancias formas o preparaciones farmacéuticas para aclarar el ámbito de aplicación (Asamblea General, 2015). Así mismo es pertinente mencionar que el porte y tenencia de sustancias ilegales debe de mantenerse en congruencia con los cuerpos normativos; para que las sanciones sean coherentes tanto para los consumidores y expendedores.

Con el objetivo de proteger cada país, la normativa jurídica establece las circunstancias y contextos para llevar a cabo políticas públicas oportunas en Ecuador, sin embargo, existe un acrecentamiento del tráfico ilícito de sustancias con el fortalecimiento de las bandas delincuenciales. Luego de varios años y a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador el 20 de octubre del 2008 y con su última modificación el 13 de julio de 2011, se ajustó aquellas medidas que deben de ser adoptadas por parte del gobierno, debido a que en la actualidad la dependencia de drogas es considerada un tema de salud pública.

Con esta indagación del régimen normativo, se presenta que en Ecuador la Ley contra el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas no contempla un ámbito claro y sistemático de prevención, así como medidas precautelarías y de confiscación de dichas sustancias.

De igual manera dentro de la lucha para eliminar el tráfico de drogas se han impuesto sanciones que coaccionan dicho actuar; no obstante, dichas leyes simplemente logran alcanzar una minúscula parte de la red delictiva, como son aquellos sujetos que venden sustancias ilícitas en mínimas cantidades, permitiendo que las organizaciones dedicadas de esta actividad ilegal sigan su estructura, puesto que no son ellos quienes expenden de manera directa dichas sustancias.

Colombia

Colombia no está considera simplemente como una ruta del tráfico ilícito de sustancias, también posee una alta preocupación por la fabricación de droga y el nivel delictivo que posee el estado. 

Desde una perspectiva general, el Ministerio de Justicia y del Derecho, Observatorio de Drogas de Colombia (2016) refiere una clasificación de los agentes o actores del tráfico de drogas y la comercialización de la misma. En el microtráfico se encuentran las organizaciones criminales o proveedores; bodegueros quienes cuidan las zonas de almacenamiento; caleteros quienes construyen los mecanismos para esconder la droga; trasportadores y personas de seguridad.

Por otro lado, el mismo Ministerio determina los autores respecto a la comercialización y se encuentran los manufacturadores, empacadores, abastecedores, jefes de línea quienes entregan los productos a expendedores; aprovisionadores encargados de reponer la dosis del producto; expendedores, recaudadores y agentes de seguridad. Esto significa que existe una gran cantidad de personas involucradas para el desarrollo de estas actividades ilícitas, de las cuales todas están estrechamente vinculadas y cada acción determinada por un jefe que son los vínculos para quienes dirigen las organizaciones.

En este país la Ley de Seguridad Ciudadana (Congreso de la República de Colombia, 2011) posee bastante confusión e incertidumbre respecto al tema de la dosis mínima de sustancias catalogadas a fiscalización. En las leyes del país a partir de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han dejado en evidencia que la dosis mínima que obtenga una persona no está penalizada, sin embargo y a pesar de que la reforma de 2009 solo considera sanciones administrativas en el entorno público, la policía colombiana mantiene la represión a personas que portan una cantidad mínima, de manera especial si esta persona forma parte de estratos pobres.

El Estatuto Nacional de Drogas y Sustancias Psicoactivas, define las dosis mínimas de drogas en Colombia, y se menciona que se podrían portar hasta 200 miligramos o 3 comprimidos de derivados de las anfetaminas (Congreso de la República de Colombia, 2012). Además, está autorizada la dosis de 1 gramo de cocaína, 5 gramos de hachís y 20 gramos de marihuana (Navarro, 2021).  Así mismo, El Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia (2015), presentó un Decreto que regule el consumo y la producción de cannabis para usos terapéuticos y medicinales. El objetivo del decreto es reglamentar la tenencia y cultivo de semillas y plantas, así como regular los procesos de producción, fabricación, exportación, distribución, comercio y tenencia de éstos y sus derivados, aplicados a fines medicinales y científicos.

Al realizar el correspondiente análisis de Colombia respecto al tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización se incrementa la problemática, debido a la resolución de las políticas públicas del estado, a causa de que el consumo mínimo no está prohibido constitucionalmente. En ciertas normas existe prohibición en determinadas circunstancias específicas, no obstante, estás actividades no están penalizadas, se recalca también que las autoridades determinan el delito no por la dosis o cantidad que porta una persona, se considera delito la finalidad que conlleva portar estas sustancias, lo que determina que los delitos se incrementen en la sociedad tanto de consumo como de tráfico y comercialización.

Perú

En Perú a partir del año 1990 por la problemática del tráfico ilícito de sustancias y el empleo indebido de drogas se incorporó a través de la Asamblea el Programa Mundial de Acción contra las Drogas Ilícitas, donde se busca concientizar a las personas y promover la acogida de medidas preventivas, este ente es primordial en Perú puesto que cumple varias funciones como la administración de asistencia técnica y recursos financieros para combatir esta problemática ya que afecta a la población en general y a los grupos mayormente vulnerables como niñas, niños y adolescentes. En este país las drogas ilegales que se consumen en mayor cantidad están la marihuana, cocaína, terocal y distintos alucinógenos (Ministerio de Salud [MINSA], 2021).

Ahora bien, el gobierno de Perú busca estrategias para el control y la prohibición de drogas puesto que en el país existe una elevada demanda mundial de cocaína, por esta causa se plantea la reciente incorporación de la Política Nacional para el Control de las Drogas al 2030, esta norma pretende regular cada una de las actividades vinculadas con el cultivo, tráfico y consumo de droga, para erradicar los daños que ocasionan al estado y su población (Presidencia del Consejo de Ministros, 2020).

Por consiguiente, el régimen normativo peruano es claro en su lucha contra las drogas, en donde a partir del artículo 8 de la Constitución establece que el país tiene la obligación de combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas y reglamentar el uso de sustancias tóxicas (Presidencia del Consejo de Ministros, 2020).

En el Decreto Legislativo Número 1126 del año 2012, se determina la legislación para abastecer las medidas de control, registro y fiscalización de insumos químicos, así como productos, equipos y maquinarias para la producción de sustancias ilícitas (Presidencia del Consejo de Ministros, 2012), es decir se enfocan en cada una de las actividades que desarrollan este ámbito ilícito.

Al mismo tiempo, el Código Penal (1991) tipifica el tráfico ilícito de drogas como un delito que afecta directamente la seguridad y la salud pública, en sus artículos 296 a 303 se describe las penas de libertad para quienes poseen drogas sustancias o estupefacientes para el tráfico ilícito (Congreso Nacional del Perú, 1991). En el mismo orden de ideas se recalca el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, que involucra a cada uno de los niveles de gobierno y sectores del país para combatir la problemática del tráfico ilícito de drogas que desencadenan alto índice de violencia en el país (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, [CEPLAN], 2011).

Cabe mencionar que a través de la investigación se encontró que el mayor problema en Perú es el tráfico de cocaína a nivel global, puesto que existen territorios con una alta superficie de cultivos de esta sustancia donde se deriva la producción y comercio de la misma. En base a esta serie de problemas, diversas actividades del gobierno de Perú y la legislación nacional busca combatir y sancionar este procedimiento ilícito, puesto que se considera en el país un problema de salud pública, es pertinente mencionar que en este Estado no se presentan regulaciones para permitir el consumo o portación de sustancias como sucede en el caso de Colombia.

México

El territorio mexicano por su influencia en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, es una contienda de rutas y mercado de drogas entre las organizaciones ilícitas del país y los distintos estados de Latinoamérica, sobre todo Colombia.

A partir de la producción y tráfico de sustancias ilícitas, en México se fortaleció la delincuencia organizada, la misma que genera índices de violencia devastadores, crimen organizado, extorsión y secuestro; esto con la finalidad de controlar el territorio a sus pobladores y sus recursos. Por lo cual el Gobierno Mexicano prohíbe las distintas actividades que conlleva la producción de drogas, no obstante, esta prohibición no es clara en el régimen normativo y peor aún si ciertas autoridades intentan la legalización tanto para uso recreacional como medicinal (Rodríguez y Caiuby, 2019).

En este contexto se encontró que en la legislación mexicana en primer lugar se incorporaba mayor atención en la siembra y cosecha de drogas sobretodo de marihuana, sin embargo, a finales de los años ochenta se hace hincapié en la lucha y penalización de distintas actividades que conlleva las sustancias ilícitas como su producción, tráfico y comercio.

De esta manera, el Código Penal Federal del año 2009, instaura en su artículo 193 que las drogas son determinadas como narcóticos y son aquellos estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias que constan en la Ley General de Salud. Así mismo el Código Penal Federal genera penas de entre 10 a 25 años de acuerdo a la actividad que se realice, por ejemplo, si el objetivo es de comercio o suministro la pena es de 5 a 15 años; por comercio, suministro, producción, trasporte, tráfico, ingreso o extracción, la condena es de 10 a 25 años, pero por siembra, cultivo o cosecha la legislación minimiza la pena y plantea de 1 a 6 años y de 2 a 8 años (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Secretaria general y Secretaria de Servicios Parlamentarios, 2009).

En esta misma línea, desde el 2009 ya se incorpora la Ley de narcomenudeo la cual especifica las cantidades permitidas de narcóticos en México, entre ellas constan el opio, la heroína, marihuana, cocaína, entre otras (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2009). Con el trascurso del tiempo y los distintos gobiernos se ha presionado por afinar estas leyes, como en junio de 2021 se presenta en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General de Salud el uso permitido para la producción, investigación y aplicación medicinal de cannabis, los políticos mencionan que es importante para regular a las personas que consumen de forma lúdica o recreativa y no de comercialización (Suprema Corte de Justicia, 2021).

Ahora bien, a partir de la legalización de narcóticos, las autoridades han presentado distintos decretos para continuar con la incorporación legal de dosis máximas, exponiendo que se realiza por temas de investigación científica, producción y empleo medicinal. Así mismo con las penas definidas por las actividades vinculadas con la droga, el número de personas en las cárceles de México se incrementan, no obstante, como sucede en los distintos países analizados en esta investigación, las autoridades deducen que se está combatiendo y minimizando el tráfico ilícito de drogas, pero los individuos quienes pagan condenas no juegan un papel importante dentro de las organizaciones y por ende las actividades ilícitas se fortalecen cada vez más.

Factores que motivan el tráfico de sustancias ilícitas

Se entiende que los motivos que un individuo posee para acceder al tráfico de sustancias ilícitas es de carácter multifactorial, en primera instancia se encuentra la estructura social a la que pertenece una persona en la que prima la trasgresión de la ley, es decir se separan de los límites de las normas jurídicas y legales, con una sociedad que se vuelve inestable, ya que no logra integrar a la colectividad y por lo tanto se desata conductas delictivas.

A su vez los factores socioeconómicos intervienen de manera esencial en las acciones delictivas, debido al modo de vida que posee una persona busca acoplarse a la estructura social de manera “fácil” consiguiendo dinero rápidamente para él y su familia, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, condiciones que son de forma ilegal (Piña y Poom, 2019).

Otro de los factores que se presentan y motivan el tráfico de droga es la indebida consideración de un negocio rentable, a causa de la distribución masiva y la demanda a nivel mundial de sustancias en el mercado internacional de droga, esta noción se enmarca con fundamentos que el tráfico no es simplemente una actividad exclusiva de los grupos delictivos ilegales, se puede influenciar también al sector legal o autoridades que producen segmentos de impunidad (Moriconi y Peris, 2018).

Principalmente el deterioro urbano y social es aquel que motiva al tráfico de droga, al crecimiento del negocio de las drogas surge como una respuesta a la criminalización de la pobreza en los sitios marginados, además del vínculo con carteles internacionales, ya que en el país la presencia de los mismos es evidente, las personas ingresan a este negocio ilícito y no pueden salir del mismo debido a las venganzas y crímenes que tienen estas organizaciones, se desencadenan en generar miedo y violencia extrema en sus rivales (Sampo, 2019).

Con lo expuesto anteriormente, los factores notables que motivan al tráfico ilícito de droga están principalmente vinculados a la economía y la configuración social a la cual pertenece un individuo, la sociedad vulnerable busca alternativas probablemente fáciles de acceder y conseguir estabilidad económica, sin embargo, se mantiene un riesgo sumamente alto, en los que desarrollan actividades de violencia e incremento del crimen organizado.

Discusión

Finalmente, de acuerdo a los factores relacionados con el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización  se propone adentrarse en cada uno de los grupos vulnerables de la sociedad para conocer desde una perspectiva vivencial la problemática que desencadena el tráfico ilícito de sustancias, esto se puede llevar a cabo a través de la investigación científica, implementación de planes y programas educativos, así como con un análisis de las autoridades pertinentes, para además de enfocarse en los pequeños comerciantes o consumidores incluir a toda la organización criminal, esto generará en el país una visión amplia para obtener la capacidad de estructurar la legislación a partir de la realidad del país.

Se propone este análisis porque en Ecuador y en los diferentes países se priva de la libertad a un gran número de personas que poseen mínimas cantidades de droga y cuya peligrosidad no es relevante, es decir, sin efectuar diferencias entre los jefes de las organizaciones, los comerciantes y consumidores, produciendo hacinamiento en las cárceles del país y un mayor problema a nivel carcelario como se ha dado en la actualidad.

Con leyes normativas objetivas y claras que se involucren con los delitos, penas y medidas de seguridad, las autoridades y la sociedad que se relacionan con el derecho penal pueden ejercer un papel importante en el estado ecuatoriano, se regularía de manera óptima la potestad punitiva, es decir se ajustaría la regulación de la actividad criminal dentro del país y se obtendrá un mayor control en el tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización.

Conclusiones

Las organizaciones criminales son complejas estructuras que se encuentran a nivel mundial, las cuales están relacionadas con toda la sociedad, desde las autoridades máximas hasta los pequeños grupos vulnerables de la población. Al influenciar en toda la población estos grupos ilícitos poseen una capacidad extractiva alta y cada vez se incrementa el mercado ilegal apoderándose del territorio, afectando la calidad de vida de las personas, a su vez ocasionando exclusión social, violencia e inseguridad.

Comprender los factores que se relacionan con el tráfico de sustancias, denota consideraciones múltiples en diferentes ámbitos tanto sociales, económicos, culturales y en el entorno en el que se desarrolla el ser humano, además de situaciones personales, antecedentes familiares, violencia, exposición a entornos de riesgos o a la facilidad de acceso a las drogas.

Se determinó que Latinoamérica se ha configurado en una de las regiones cruciales del tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, debido a que en este territorio se encuentran varias rutas que atraviesan distintos países para la distribución.  De hecho, Ecuador se plantea como un país de tipo geopolítico, es decir el país es empleado como una plataforma de tránsito del tráfico de droga, dicho de otra manera, las sustancias ilícitas ingresan desde los países productores para enviarles a los principales comercializadores.

Como contrapartida de esta situación el gobierno ecuatoriano en su régimen normativo plantea el desarrollo de programas para la prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas. De igual forma fomenta que las autoridades deben brindar el respectivo tratamiento y rehabilitación a los consumidores, sin vulnerar sus derechos constitucionales, las leyes se mantienen en combatir, erradicar la producción, oferta, uso indebido, tráfico ilícito y se desvinculan de plantear consumos máximos permitidos.

 En este contexto, lo que sucede en Ecuador concuerda con el régimen normativo de Perú, sin embargo, en este último se enmarca la problemática de la siembra, cultivo y producción de cocaína para traficarla a niveles globales.

Por su parte, en Colombia y México la situación jurídica se asemeja con los elevados niveles de crimen organizado que poseen estos países y además que se encuentra leyes que permiten el consumo de sustancias catalogadas a fiscalización.

En concreto situaciones que se vinculan como el encarcelamiento de individuos que se dedican al comercio de droga, pero en mínimas cantidades, lo que no es significativo para los narcotraficantes ya que, si las autoridades incautan droga, no afecta a los grandes productores porque al escasear el producto estas organizaciones ilícitas elevan los precios y siguen generando ganancias, lo que conlleva a que el problema nunca se contrarreste.

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