Ciencias Sociales y Políticas
Artículo de Investigación
Taxation and fundamental rights in Ecuador Based on the reform of the tax law of 2022
Tributação e direitos fundamentais no Equador Com base na reforma da lei tributária de 2022
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Correspondencia: andres.loza@espoch.edu.ec
*Recibido: 23 de noviembre del 2022 *Aceptado: 12 de enero de 2023 * Publicado: 03 de febrero de 2023
I. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Ecuador.
II. Ingeniero en Administración de Empresas, Magíster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador.
III. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Ecuador.
Resumen
En los últimos años a nivel mundial se busca en el ámbito tributario que las normativas estipuladas por un país no vulneren los derechos fundamentales de los entes sujetos a tributación dentro de un territorio, el sistema tributario ecuatoriano se ajusta al principio constitucional de legalidad, por lo que busca la recaudación de impuestos basándose en no incumplir con los derechos de la ciudadanía ecuatoriana. Ecuador en el último año ha realizado reformas en sus normas tributarias a raíz de la pandemia mundial de COVID – 19 con el objetivo principal de no afectar la reactivación económica y beneficiar la recaudación fiscal, en otras palabras, recaudar impuestos de las personas tanto naturales como jurídicas que mayores ingresos generen. El presente artículo se enfoca en realizar un análisis profundo de las reformas tributarias realizadas en el año 2022 a la ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal y conocer si se respeta a los derechos fundamentales los cuales están basados en los derechos Universales y amparados por la constitución del Ecuador.
Palabras Claves: Tributación; Derechos fundamentales; reforma; principios constitucionales; poder tributario.
Abstract
In recent years, worldwide, in the tax field, the regulations stipulated by a country do not violate the fundamental rights of the entities subject to tax within a territory, the Ecuadorian tax system conforms to the constitutional principle of legality, therefore that seeks to collect taxes based on not violating the rights of Ecuadorian citizenship. Ecuador in the last year has carried out reforms in its tax regulations as a result of the global pandemic of COVID - 19 with the main objective of not affecting the economic reactivation and benefiting tax collection, in other words, collecting taxes from both individuals and legal entities that generate the highest income. This article focuses on carrying out an in-depth analysis of the tax reforms carried out in 2022 to the organic law for economic development and fiscal sustainability and knowing if fundamental rights are respected, which are based on Universal rights and protected by the constitution of Ecuador.
Keywords: Taxation; Fundamental rights; reform; constitutional principles; tax power.
Resumo
Nos últimos anos, em todo o mundo, no campo tributário, as regulamentações estipuladas por um país não violam os direitos fundamentais das entidades sujeitas a impostos em um território, o sistema tributário equatoriano está em conformidade com o princípio constitucional da legalidade, portanto, que visa cobrar impostos com base na não violação dos direitos da cidadania equatoriana. O Equador no ano passado realizou reformas em sua regulamentação tributária como resultado da pandemia global do COVID-19 com o objetivo principal de não afetar a reativação econômica e beneficiar a arrecadação de impostos, ou seja, arrecadar impostos tanto de pessoas físicas quanto jurídicas entidades que geram os maiores rendimentos. Este artigo se concentra em realizar uma análise aprofundada das reformas tributárias realizadas em 2022 para a lei orgânica para o desenvolvimento econômico e sustentabilidade fiscal e saber se os direitos fundamentais são respeitados, baseados em direitos universais e protegidos pela constituição do Equador.
Palavras-chave: Tributação; Direitos fundamentais; reforma; princípios constitucionais; poder fiscal.
Introducción
A través de la historia ha existido una relación conflictiva entre el tributo y los individuos debido a que en la antigüedad el tributo nació como una medida de dominación de las clases altas (reyes y señores feudales) sobre el proletariado (Merino Jara, 2020), es decir representaba la coacción por parte de los fuertes haca los mas débiles, donde el pueblo se sometía a la imposición de un monarca de manera autoritaria sin tomar en consideración derechos como justicia, seguridad y solidaridad (Jiménez-Valladolid de L’Hotellerie-Fallois, 2020). Sin embargo, en la actualidad el concepto de tributo ha tomado un giro diferente en donde el objetivo principal del mismo es su recaudación para el crecimiento de un territorio, e impulsar obras que beneficie a la ciudadanía sin violentar sus derechos fundamentales.
Bajo este concepto actual, el tributo pasa a ser un instrumento de crecimiento social con objetivos basados en la libertad de derechos, que permite al contribuyente el ejercicio de sus derechos fundamentales (Peralta, 2016), por lo que la imposición de un tributo debe obedecer un marco jurídico normado bajo una ley o reglamento tributario, que esté acorde con la constitución política de una nación (Andrade Rodríguez, 2019). En otras palabras, toda norma tributaria sin importar el objetivo primario debe tomar en consideración la no vulneración de los principios fundamentales de seguridad y justicia sobre los ciudadanos que proclama su constitución, la misma que está fundamentada sobre la protección de los derechos humanos (Miranda C, 2022).
Al tomar en consideración lo antes expuesto, es importante indicar que, en el Ecuador, estos principios de seguridad y solidaridad se encuentran amparados por su constitución bajo el art. 300, que cita: El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria (Constituyente., 2008). Por lo que cualquier reforma dentro de la ley tributaria debe respetar lo dictaminado en la constitución. Bajo esta premisa y bajo la actualidad presentada luego de los acontecimientos registrados por la pandemia mundial de COVID-19, el estado ecuatoriano realizó varias reformas a la ley tributaria en búsqueda de la recuperación del estado, donde el propósito primario es aumentar la recaudación sin afectar la economía de los ciudadanos con menor fuente de ingresos (Primicias, 2021)
Nuevas reformas
El 29 de noviembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso, envió a registro oficial la Ley orgánica de Desarrollo económico y sostenibilidad social, la cual tiene como propósito mejorar los niveles de recaudación de impuestos. Esta ley que entra como una reforma tributaria busca a partir del 2022 generar más de 1.900 millones de dólares en nuevos ingresos fiscales a favor del estado ecuatoriano con los siguientes objetivos:
- Promover la sostenibilidad de las finanzas públicas,
- El reordenamiento del sistema tributario y fiscal ecuatoriano
- La creación de mecanismos de evaluación de las regulaciones que generan trámites o procesos innecesarios e insuficientes y
- La seguridad jurídica para la reactivación económica del Ecuador tras haber afrontado la pandemia de covid-19”(LEY ORGÁNICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL, 2021).
Dentro de estas reformas tributarias se puede denotar ajustes a ciertos métodos de recaudación con el objetivo de que sean las personas que mayores ingresos generen sean las que mayor contribución aporten al estado ecuatoriano (el Comercio, 2022), por ejemplo una de estas reformas es lograr que aquellas personas que perciban un ingreso mensual superior a los 2000 dólares están obligadas a contribuir con el fisco nacional con un aporte superior cercano al 280% de aportes de años anteriores (Erazo & Acosta, 2022). Esta reforma tributaria está constituida por 192 artículos, ocho disposiciones generales, 16 disposiciones transitorias una disposición interpretativa, una disposición derogatoria, y la modificación de cerca de 20 leyes (Erazo & Acosta, 2022).
Según el presidente Guillermo Lasso, el objetivo de esta ley es la recaudación de cerca de 1900 millones de dólares en el transcurso de dos años, que serían destinados a la protección de los sectores sociales mas vulnerables y fortalecer aquellos programas de asistencia social (Erazo & Acosta, 2022), además enfatizó que solo el 4% de la población actual del país realizaría aportes adicionales. En otras palabras recaudaciones como IR cambian sus métodos de recaudación como la eliminación de los gastos personales declarados pero a cambio se aplica un crédito tributario según el nivel de ingresos anuales que se perciba (DW, 2022). A su vez, otras formas de recaudación como el impuesto al patrimonio se añadieron con la intención de que aquellas personas o sociedades conyugales que tengan un patrimonio mayor a 1 millón de dólares aporten entre el 1 y el 1,5%, lo cual recae en aproximadamente 6000 personas (Servicio de Rentas Internas, 2022). Lo cual no representa un verdadero ingreso a las arcas fiscales
Las reformas tributarias contra los derechos fundamentales
Según expertos nacionales e internacionales esta nueva reforma tributaria es lesiva para la gran mayoría de lo ciudadanía ya que estaría vulnerando varios de sus derechos, debido a que afecta a la economía de la clase media de todo el país (DW, 2022), y que existían otros métodos para alcanzar recaudaciones mas elevadas a los 1900 millones de dólares programados por el Presidente Lasso, como el cobro de impuestos atrasados a compañías deudoras que sería de más de 4000 millones de dólares (Erazo & Acosta, 2022). Los mismos que gracias a estas reformas tributarias estarían siendo condonados por el gobierno, dando beneficios al 0,1% de la población.
Al revisar detenidamente las reformas tributarias presentadas en la Ley Orgánica Para El Desarrollo Económico Y Sostenibilidad Fiscal (2021) se puede observar que pese a citar en su cuerpo jurídico a los diferentes artículos de la constitución Ecuatoriana que busca la preservación de los principios fundamentales de seguridad, en el transcurso del primer año de vigencia de la mencionada Ley tributaria, esta socaba el derecho de los ciudadanos de solidaridad y justicia social, donde se presenta un impacto negativo en aquellas personas que tienen una actividad económica comercial como es el caso de los negocios populares (Pérez, 2022), tanto a nivel de menores ingresos económicos como de justicia social, principalmente a que muchas de estas personas con negocios populares no tienen un conocimiento de causa sobre la declaración de impuestos.
Dentro de la premisa de tributación y derechos, como especifica Saltos Orrala (2017), una ley o reforma tributaria no debe tratarse solo de que todos deben pagar tributos sino que nadie debe ser eximido por privilegios personales, de clase, linaje o casta, basado en los principios de generalidad, sin embargo, la aportación de los ciudadanos se funda en el propósito de lograr la igualdad de sacrificios en sus contribuyentes, en otras palabras una reforma tributaria debe buscar cumplir con el principio de igualdad y justicia con el fin de no perjudicar o beneficiar a algún grupo específico de la población. Situación que no se refleja en el tiempo de aplicación de la Ley Orgánica Para El Desarrollo Económico Y Sostenibilidad Fiscal (2021), ya que ha dado soltura a grupos privilegiados con respecto a condonar deudas y exige a la clase trabajadora a cumplir con la meta de recaudación impuesta por el gobierno.
Si bien es cierto, el costo de mantenimiento de programas sociales y activación económica representan un rubro significativamente alto para el estado ecuatoriano, el método de obtención de recaudación vigente desde el año 2022 vulnera los derechos de la ciudadanía por lo que se ha buscado la derogación de la ley (Centro de Derechos Económicos y Sociales, 2022), ya que se considera que rema en contra del bienestar ciudadano, sin embargo, su derogación puede ser considerada inconstitucional debido a que en el artículo 135 de la constitución, indica que solo el presidente puede presentar proyectos de ley con respecto a materia fiscal (Constituyente., 2008).
Por otra parte, como se ha mencionado anteriormente la contribución del ciudadano mediante el tributo debe estar sujeta al principio de protección de sus derechos, en otras palabras no perjudicar su bienestar y su libertad económica (Vargas, 2020). Por ejemplo aquellas personas que están sujetas al régimen RIMPE bajo la reforma del 2022, se incrementa su contribución en un 280% con respecto a años anteriores, lo que reduce su nivel de ingresos de manera significativa, afectando de paso su economía familiar (Gavilánez et al., 2023). Por ejemplo, según el caso analizado por Santillán Silva (2022) en la ciudad de Riobamba donde el efecto en el RIMPE para los ciudadanos de dicha ciudad fue negativo y que su efecto en la contribución para el fisco no fue significativo, por lo que sus derechos fueron vulnerados sin tener un éxito de recaudación.
Conclusiones
Se puede concluir que la reforma tributaria impuesta en el año 2021, en su primer año de vigencia en lugar de producir un crecimiento en la recaudación fiscal, ha sido lesiva para la clase media ecuatoriana, ya que ha sido la que ha sido mermada en su economía al eliminarse la tabla de gastos personales e imponerse un porcentaje de reducción que no representa la realidad.
La condonación de deudas a grupos privilegiados que pertenecen al 0.1% de la población ecuatoriana no ha impulsado a aquellos deudores a una reinversión para permitir el crecimiento económico, mas bien representan una perdida de mas de 4000 millones de dólares en tributos.
No se cumple con lo estipulado en el articulo 300 de la constitución ecuatoriana, ya que la ley no contempla que perjudica al sector trabajador de la clase media, reduciendo sus niveles de ingresos.
Es necesario la derogatoria de la ley por parte del presidente de la república y el órgano legislativo, ya que existen otros métodos de recaudación fiscal que pueden funcionar mejor, sin vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Referencias
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