Ciencias Sociales y Políticas

Artículo de Revisión     

 

Administración de Justicia en Formato Digital en Tiempos de Pandemia

 

Administration of Justice in Digital Format in Times of Pandemic

 

Administração da Justiça em formato digital em tempos de pandemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: martha.macias@utm.edu.ec

 

*Recibido: 20 de noviembre de 2021 *Aceptado: 18 de diciembre de 2021 * Publicado: 05 de enero de 2022

 

I.          Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, Profesora de Segunda Enseñanza en la Especialización de Químico Biólogo, Especialista Superior en Derecho Procesal, Magister en Derecho Procesal, Doctora en Jurisprudencia, Docente y Vicedecana de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

II.     Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República Mención Derecho Penal, Especialista en Sistemas Jurídicos de Protección a los Derechos Humanos, Diploma Superior en Derechos Fundamentales, Magister en Derecho Procesal, Docente de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

III.   Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, Master universitario en Derechos Humanos, Democracia y Globalización, Docente de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

IV.    Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República, Magister en Derecho Constitucional, Docente de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

Resumen

El objetivo de este estudio fue analizar la administración de justicia en formato digital en tiempos de pandemia. Esta investigación documental se apoyó en un arqueo bibliográfico sobre la base de un análisis interpretativo. Se concluye que: Es imperativo y necesario profundizar una transformación digital del sistema de administración de justicia, orientada a mejorar el acceso a la justicia de todas las personas y, de conformidad con lo establecido en la Constitución de cada nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En todo caso, también se trata de adaptar el proceso vigente de administración de justicia a las exigencias de la sociedad de siglo XXI, a través de la utilización de las nuevas tecnologías y, de cara al futuro postpandemia, estar  preparado para lo que se ha dado a denominar la nueva “normalidad”.

Palabras clave: Digitalización; Justicia; ciudadanos; acceso; pandemia.

 

Abstract

The objective of this study was to analyze the administration of justice in digital format in times of pandemic. This documentary research was supported by a bibliographic archiving based on an interpretive analysis. It is concluded that: It is imperative and necessary to deepen a digital transformation of the justice administration system, aimed at improving access to justice for all people and, in accordance with the provisions of the Constitution of each nation, of the Inter-American Court of Human Rights (IACHR), the American Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. In any case, it is also about adapting the current process of administration of justice to the demands of 21st century society, through the use of new technologies and, facing the post-pandemic future, being prepared for what has happened. given to denominate the new “normality”.

Keywords: Digitization; Justice; citizens; access; pandemic.

 

Resumo

O objetivo deste estudo foi analisar a administração da justiça em formato digital em tempos de pandemia. Esta pesquisa documental foi apoiada por um arquivo bibliográfico baseado em uma análise interpretativa. Conclui-se que: É imperativo e necessário aprofundar uma transformação digital do sistema de administração da justiça, com o objetivo de melhorar o acesso à justiça para todas as pessoas e, de acordo com as disposições da Constituição de cada nação, da Corte Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH), a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Em todo caso, trata-se também de adequar o atual processo de administração da justiça às demandas da sociedade do século XXI, por meio do uso das novas tecnologias e, diante do futuro pós-pandêmico, preparar-se para o ocorrido. nova “normalidade”.

Palavras-chave: Digitalização; Justiça; cidadãos; acesso; pandemia.

 

Introducción

La administración de justicia es, una función pública derivada de la soberanía del Estado que  requiere de la confluencia de muy diversos factores para que pueda ser ejercida, es un elemento de suma importancia, por ser su función esencial la de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y arbitrar los conflictos o controversias jurídicas que puedan surgir, tanto entre partes, como entre ellos y el Estado, en la consecución de la paz social y, se ejerce, en un estado de Derecho. Así, se entiende por administración o sistema de justicia, según, Rico & Salas (2015): al grupo de normas, instituciones y procedimientos tanto de carácter formal como informal empleados para solventar conflictos individuales y de carácter social originados como resultado de la vida en sociedad, así como también relacionadas con las personas que forman parte de las instituciones o forman parte de los procesos.

Sobre esta base, se reconoce la importancia de la administración de justicia como una condición indispensable para crear el marco institucional para la aplicación del Derecho sobre una realidad ciudadana y, donde confluyen distintos elementos y organismos que emprenden diversas iniciativas tendientes a la consecución de la justicia.

La declaración de estados de excepción y la adopción de medidas de emergencia por toda América Latina y el Caribe, en respuesta a la pandemia de COVID-19, según Alvarez (2020) esta situación ha ocasionado que se trastoque el poder judicial, afectando de esta manera el aseguramiento derechos fundamentales y el acceso a la justicia. En este contexto, las decisiones adoptadas por los gobiernos para enfrentar la grave amenaza que representa el brote de COVID-19, para la salud de la población, han impactado y suponen un desafío para el funcionamiento de los sistemas judiciales de las naciones y, a los Estados, como los órganos responsables por su operatividad, les corresponde generar mecanismos viables para que, en el marco de un escenario pandémico,  dar cumplimiento, a la justicia, a fin de no socavar  los derechos humanos y las libertades civiles de los ciudadanos. Es importante señala que las medidas implementadas ante la presencia de la Pandemia, han sido para asegurar la salud de los ciudadanos, pero al mismo tiempo ha impactado las formas como las personas pueden acceder al sistema de justicia eficazmente 

En tal sentido, a decir de, Islas & Díaz (2016), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que es deber de los Estados proveer de recursos internos adecuados, eficientes y eficaces a las personas en materia de justicia, aspecto prioritario cuando se trata de hacer valer el Estado de Derecho en los países. Este cuadro impone amoldar el proceso de administración de justicia a las circunstancias del presente y, con el apoyo de las nuevas tecnologías, es posible ofrecer a los ciudadanos garantías de buen funcionamiento y facilitar el acceso a la justicia.

Es así que, la pandemia de COVID-19 y el consecuente confinamiento han repercutido drásticamente en las actividades de uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo Estado de derecho: el acceso a la justicia, pues en palabras de Igreja (2020), “en todos los países, los esfuerzos para frenar la propagación del COVID-19 han impactado masivamente el funcionamiento del sistema de justicia. Para esta autora, existirán casos en los que deberán adoptarse medidas de diferimiento o paralización. Todo lo cual obliga ahora, tal como afirma, Alvarez (2020) a implementar mecanismos apropiados que permitan el acceso a  una  justicia    eficaz en estos tiempo de crisis. En este sentido, los medios digitales, se presentan como una alternativa de solución que, sin perder de vista la calidad del resultado, pueden conducir a recuperar el funcionamiento y la accesibilidad a un proceso de administración de justicia eficaz.

Hechas las consideraciones anteriores, el presente estudio tuvo como objetivo analizar la importancia de la administración de justicia en un formato digital en tiempos de pandemia como una forma de enfrentar los desafíos que, supone la crisis sanitaria producida por el nuevo coronavirus COVID-19.

 

Desarrollo

La Pandemia de COVID-19 ha producido importantes cambios en el funcionamiento de las sociedades. Los países y sus gobiernos han debido tomar decisiones de carácter extraordinario, tales como el confinamiento, las restricciones en el tránsito, comercialización, el funcionamiento de los servicios públicos. Los servicios de carácter judicial, son algunas de las actividades que ha sido impactada, viéndose en la obligación de interrumpir plazos procesales, suspender juicios y aplazar audiencias. Estas actividades han incidido en el goce de los derechos, particularmente un juicio realizado en un plazo prudente y el acceso a la justicia de manera eficaz, principalmente para las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Es sustancial reconocer claramente que la cuarentena inducida por el COVID-19, ha creado importantes repercusiones en las actividades judiciales, como consecuencia de esto Álvarez (2020), señala que; los  aspectos  procedimentales  afectados  por  la  crisis  han  sido,  básicamente, ocho: Actuaciones procesales; declaración de ámbitos jurisdiccionales esenciales; horarios de audiencias; acceso de los ciudadanos; determinación de recursos humanos mínimos; aplicación de nuevas tecnologías para la celebración de audiencias; medidas especiales contra la violencia doméstica y; protocolos para trabajo con detenidos (pág. 12).

Relacionado con lo anterior, la onda expansiva que ha provocado en varias regiones del mundo las medidas para controlar y evitar la dispersión del COVID-19, que incluyen entre otras, tal como subraya Lovon (2020), la declaratoria de estados de emergencia, establecimiento de medidas de aislamiento social o cuarentena, tienen una repercusión directa sobre el ejercicio de distintos derechos humanos. Sobre esta base, los órganos de los sistemas de protección de derechos humanos, deben abocarse a implementar todas las acciones, medidas y recomendaciones, además de precisar la obligatoriedad que conlleva el ejercicio del respetar los derechos humanos de toda la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

Frente a este panorama, el Centro de Justicia y Paz, (CEPAZ, 2020), ha destacado que el decreto de estado de alarma y su reglamentación no deroga de ningún modo el marco normativo vigente, ni particularmente la posibilidad de gozar de los derechos , sólo limita circunstancialmente algunos derechos, la cual debe ser llevada a cabo de forma racional y proporcional. Asimismo, esta institución expresa que: la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos han coincidido en que hay derechos que no pueden ser suspendidos, como lo son el derecho a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, entre otros (CEPAZ, 2020).

A este propósito, para seguir garantizando el derecho de administración de la justicia de los ciudadanos, en un contexto de confinamiento, los diversos países del orbe a través de sus órganos rectores, han visto necesario migrar, de manera súbita y forzosa, a los medios digitales para la prestación de los servicios de justicia de forma remota o a distancia, como un mecanismo viable para que toda persona pueda presentar ante una autoridad sus demanda y exigir su solución, en el marco del goce de todos los derechos humanos de las personas. Bajo esta mirada, la (Carta de Derechos de la Unión Europea (UE), 2008), afirma que: “sin acceso a la justicia las personas no pueden ejercer sus derechos.” De este modo, los derechos humanos, representan las exigencias de todos los seres humanos.  La existencia de los derechos determinan las formas de ejercicio del poder por parte de los gobiernos, toda vez que debe ser garantizada como prioridad la dignidad humana    (Garate, 2011).

Como características a nivel iberoamericano los plazos procesales han sufrido, con salvo algunas situaciones particulares, una parálisis completa que se alargado a los procesos administrativos. Es importante el hecho que se han mantenido funcionando algunos mecanismos de recepción de escritos, presentación de demandas y obtención de certificados, la respuesta general frente al proceso ha sido la suspensión.  Uno de las actividades que no se han detenido han sido lo referente con detenidos, colectivos vulnerables y vulnerables, los aspectos en materia de derechos fundamentales y protección especial. Estas ideas señalan la presencia de un interés, inherente a toma de decisiones que al inicio de la pandemia como consecuencia de lo inesperado de las restricciones eran dispersas, por otro, así como también, ofrecer a los distintos poderes judiciales de mecanismo de gestión, seguimiento y control que les permitan evaluar adecuadamente los riesgos existentes y analizar luego las decisiones tomadas frente a ellos. (CEPAZ, 2020)

En definitiva, la crisis parece haber mostrado algunas peculiaridades estructurales que guardan relación con tres factores sistémicos: Jerarquización en el proceso de toma de decisiones, la disponibilidad de medios y recursos aplicables a la administración de justicia y el planeamiento y ejecución de estrategias.

Muchos países han habilitado canales telemáticos de comunicación y acceso que han tenido éxito en cuanto a su puesta en marcha, aunque aún no se ha estudiado su impacto en la demanda por parte de los ciudadanos y profesionales.  Es importante considerar que estos canales son eminentemente de carácter informativo y no de gestión procesal.

Los poderes judiciales iberoamericanos se encuentran estudiando la incorporación de sistemas telemáticos de gestión, expedientes electrónicos y accesos remotos para profesionales y ciudadanos. Sin embargo, la mayoría están en proyecto o en fase incipiente.

Solo en un sistema con apoyos técnicos confiables es posible que, la Administración de Justicia,  pueda recobrar un cierto grado de normalidad en la actividad judicial durante el estado de alarma que, por un lado, asegure los derechos vinculados al trabajo, del personal que labora en las instituciones judiciales para que continúen desempeñando sus labores, con un mínimo de riesgo de contagio y, en consonancia con las medidas de contención y protección establecidas por la pandemia y por otra, superar los obstáculos que impone el confinamiento y permitir el acceso a la justicia de todos los ciudadanos que así lo estime conveniente y, desde cualquier parte del territorio nacional, a través de recursos judiciales accesibles, efectivos, rápidos y no discriminatorios.

Ante lo dilucidado, de acuerdo con el Informe del Consorcio Internacional de Asistencia Legal (ILAC, 2020), en la región de América Latina y el Caribe (ALC), el poder judicial recurrió a herramientas de justicia digital para garantizar que los tribunales siguieran funcionando durante la pandemia. Así mismo, alude el informe, elaborado por este organismo que en ALC: surgieron dos modelos de justicia digital, a saber:

1.        En las situaciones donde los países poseen un poder ju judicial digital se observó que se mantuvo el uso del modelo existente durante la pandemia o el uso del modelo existente se amplió.

2.        Otros países introdujeron por primera vez las herramientas de justicia digital durante la pandemia

Siguiendo con (ILAC, 2020), países como Argentina, Chile, Brasil (en algunos estados) y México (en algunos estados) tuvieron su transición a la justicia digital hace años. Se tiene que los sistemas de carácter digital han facilitado   la realización de tramitar elementos   claves como la presentación de demandas, notificaciones, firmas electrónicas, archivos electrónicos, etc. También, reseña el informe, disponían de algunos instrumentos de justicia digital antes de la pandemia, como equipo para audiencias virtuales, la posibilidad de presentar informes periciales a distancia en situaciones particulares como presos en cárceles lejanas, protección a víctimas o grupos vulnerables como los niños y notificaciones por correo electrónico. (ILAC, 2020).

Sin embargo, a nivel  de Latinoamérica, (Arellano, Cora, & Sucunza, 2020) consideran que al problema del no uso generalizado de las TICs para la prestación del servicio o su gestión, se suma otra dificultad: el servicio ha sido concebido para prestarse físicamente desde los tribunales. Por lo tanto,  es necesario considerar que llevar a cabo el teletrabajo  ha sido en la actualidad una limitación debido a las debilidades en materia institucional; así como también capacidades operativas con las que no se cuenta  Para estos mismos autores, resulta indispensable el diseño e implementación de un verdadero “Plan de Contingencia para el Sistema de Justicia en contexto de Covid-19,” en cada uno de los países de la región; y, luego, para el futuro inmediato, un "Plan de Actualización de los Sistemas de Justicia” para instalarse adecuadamente en el nuevo escenario que se presentará, una vez que se supere la emergencia sanitaria. Todo lo señalado evidencia la imperiosa necesidad de solventar el mayor acceso a la justicia y alcanzar los estándares necesario para su disfrute adecuado y eficaz.

Audiencias digitales

Parece obvio que a nivel iberoamericano las audiencias virtuales presentan, junto con sus ventajas, algunos problemas aún sin resolver como dificultades operativas, inexperiencia, falta de dominio del escenario, protocolos insuficientes y ausencia de reglas específicas. Por ello, resulta sea imprescindible contar con un desarrollo normativo o práctico que permitan adaptar y resguardar debidamente los derechos y garantías existentes en todo acto de comparecencia judicial. (Arellano, Cora, & Sucunza, 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión documental interna y externa

Durante la gestión de la crisis en el ámbito judicial se han aplicado soluciones informáticas a dos necesidades, por un parte, la gestión del trabajo interno, referida a la documentación requerida por los jueces y a la gestión electrónica de los expedientes,  para lo cual se ha conseguido en Iberoamérica que, allí donde el expediente digital ya estaba en funcionamiento, el trabajo telemático de los funcionarios ha supuesto un complemento muy eficaz a salvo de los problemas derivados de la falta de equipos y computadoras disponibles en el domicilio particular. La necesidad de bibliotecas virtuales y colecciones de jurisprudencia de la misma naturaleza, se ha revelado indispensable.

En relación a la segunda necesidad se encuentra la gestión del acceso externo, referido a las necesidades de información de la ciudadanía y de los operadores jurídicos con relación a los expedientes judiciales y otros datos requeridos por los usuarios de la justicia. En este sentido, se ha constatado que las páginas web institucionales, los correos electrónicos y las aplicaciones específicas han dado un buen resultado y constituirán, muy probablemente, una alternativa de futuro a los tradicionales registros.

Retos de la administración de justicia en tiempos de Pandemia

Desde los Poderes Ejecutivos y muy especialmente desde los Ministerios de justicia, se han dictado multitud de normas relacionadas con la Administración de Justicia. En cada país la realidad es diversa y de ella dependerá las fortalezas o limitaciones de coordinación para su implementación:

A corto plazo, los principales retos para los poderes judiciales Latinoamericanos pueden ser:

ü  El proceso que permita retomar la actividad ordinaria de forma segura, previendo nuevos confinamientos que tendrían grave impacto en la actividad jurisdiccional, y poniendo en práctica cuanto antes medidas sanitarias que permitan recuperar y normalizar lo antes posible la actividad judicial.

ü  Definir planes estratégicos para la administración de justicia en contexto de crisis sanitaria o ante la probabilidad de nuevos crecimientos en la curva de contagios. Los planes deben ser delimitados, flexibles y estructurados por etapas a las que correspondan diferentes intensidades y formatos de trabajo o protección. Se trataría de un esquema por niveles modulado, claro, comprensible y bien comunicado, en el que se definan los comportamientos esperados y restricciones impuestas según el grado de alerta.

Ahora bien, concretamente en Ecuador, al Estado le corresponde tomar en cuenta estas recomendaciones, para así, no desatender las obligaciones de derechos humanos que tiene consagrados en la Constitución, como eje central del Sistema de administración de justicia y que, a decir de Aguirre (2012), este se legitima, finalmente, cuando jueces y juezas brindan una tutela efectiva y adecuada, que sea además accesible a todas las personas, art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador.

Para autores como (Arellano, Cora, & Sucunza, 2020) la crisis provocada por el Covid-19 provocará cambios económicos y sociales que tendrán efectos a medio y largo plazo, y conducirán a una inevitable transformación de la administración de justicia. Es importante, a estos efectos, compatibilizar el enfoque defensivo de conservación y recuperación de la actividad jurisdiccional existente, con un enfoque proactivo de futuro, apoyando los esfuerzos de recuperación en su proceso de adaptación a las transformaciones estructurales que, como consecuencia del Covid 19 u otra circunstancia similar puedan presentarse; así como también, ser capaces de anticiparse a los mismos. Por ello, es plausible que se desarrolle un modelo de relación más digital, transformar y adaptar la administración de justicia, crear confianza entre los distintos operadores jurídicos y los ciudadanos para mejorar su percepción, atraer su colaboración y participación y gestionar los riesgos futuros.

Continúan afirmando (Arellano, Cora, & Sucunza, 2020) que una de las características es la suspensión de la normal prestación del servicio judicial: identificada por el hecho que la jornada presencial de trabajo se encuentra suspendida desde marzo del 2020. Sin embargo, existe disponibilidad por parte de las personas responsables de llevar a cabo los posesos necesarios para la realización de actuaciones pendientes, de carácter ineludibles o necesarias (en audiencias), para asegurar el derecho a la justicia y la seguridad jurídica.

Sumado a lo anterior, se presenta la suspensión de plazos judiciales, específicamente los términos y plazos generales desde marzo de 2020 por 5 días prorrogables. Por otra parte, en cuanto a la atención de causas urgentes, se presta atención a procesos con detenidos, libertades, requisitorias, hábeas corpus, violencia familiar, medidas cautelares, amparos, consignación y endosos en alimentos y otros casos de “urgente atención”.

En la línea de las tecnologías se  tiene la atención limitada (turnos judiciales), el  Teletrabajo sobre todo en Guayas, como forma de ofrecer atención a casos que ameriten ser abordados, particularmente  la realización de audiencias virtuales según el Consejo de Justicia resolvió que para las audiencias de flagrancia se implemente el mecanismo de medios telemáticos y se habiliten salas diferenciadas, la utilización de Whatsapp o TIC similares para gestionar la causa, además del uso del correo electrónico institucional; existen  instructivos internos para el uso de las TIC; y  los  externos  aún no se prevén.

Enmarcado con lo anterior y tomando en consideración el escenario pandémico, en Ecuador, como sostiene, (Briones, 2020), se ha planteado una posible solución para poder reactivar la actividad judicial a través de la utilización de herramientas tecnológicas que busca garantizar el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, cumpliendo con el Art.75  de la Constitución de la República. Adicional a esto, también subraya (Briones, 2020) que: la justicia digital tiene como fin último garantizar el debido proceso  establecido en la Constitución  y los derechos relacionados.

En línea con todos estos planteamientos, resulta relevante el pronunciamiento de la Corte Constitucional, máximo organismo de administración de justicia en materia constitucional del Ecuador, con fecha 19 de marzo de 2020, quien procede a emitir el dictamen de constitucionalidad sobre el Decreto No. 1017, ha señalado la necesidad de precautelarse la utilización de los medios tecnológicos para realizar seguimiento al cumplimiento de las restricciones de los derechos fundamentales y con ello evitar excesos  (Páez, 2020).

En todo caso, aunque hay mucho camino por recorrer, es notable la disposición que están poniendo todas las partes, más allá de las dificultades del presente, para avanzar por medio de la tecnología y, teniendo en cuenta las garantías procesales, en la transformación digital de la justicia, la cual requiere de la participación de jueces, abogados, gremios, universidades y academias, de cara al futuro y tomando en consideración el entorno post-pandémico.

Es importante considerar que la aplicación masiva y casi imperiosa de las nuevas tecnologías a la administración de justicia puede generar riesgos que deben ser anticipados y evaluados cuidadosamente. No está claro aún en qué medida resultarán afectados los tradicionales principios procesales de oralidad, inmediación, concentración, preclusión, igualdad de las partes ante el proceso, derecho a la defensa y publicidad, unidos a los nuevos principios aplicables a una justicia democrática avanzada como la necesaria inclusividad, la participación, la mejora del acceso para grupos vulnerables y la escrupulosa observación de un comportamiento ético. Será imprescindible analizar con mucho cuidado todos estos principios y redefinirlos para su aplicación en un nuevo escenario que generará peligros de involución, y habrá que crear un equilibrio entre las imprescindibles garantías procesales y los cambios que aportan las nuevas tecnologías.

 

Metodología

Para cumplir el objetivo de esta investigación, la misma estuvo adscrita a una metodología de carácter jurídica documental-bibliográfica, en la que se seguirá el modo normativo –jurídico y jurisprudencial, conforme a lo que señala el autor Salamanca (Salamanca, 2015)el primer modo señalado servirá para comprender los hechos del derecho “en cuanto a normas consuetudinarias, no escritas o escritas (ley en sentido amplio)…”, así pues, el modo jurisprudencial valdrá para conocer la praxis normativa jurisprudencial vinculada con el derecho. En función de ello, el proceso de indagación se estructuró en cuatro etapas específicas, la primera comprendió, la planificación de la revisión, esta fase ameritó identificar los aspectos más relevantes a desarrollar sobre la temática en cuestión; en segundo lugar se consideró cómo pertinente establecer  la base de datos de búsqueda;  la tercera fase correspondió a la identificación de los criterios de selección y, para acabar se realizó la síntesis y estructuración de los resultados sobre los trabajos consultados y considerados más significativos por sus aportes para este estudio. Asimismo, el método empleado fue el inductivo, en función del cual se analizaron las fuentes documentales que permitió la generación de constructos para ampliar el conocimiento acerca de la administración d justicia en formato digital en tiempos de pandemia (Gil, 2020)

A renglón seguido, como estrategia de búsqueda se empleó  Google Académico y el portal de revistas indexadas lo que permitió ubicar fuentes de información primarias, tales como artículos científicos, artículos de revisión, trabajos de investigación, trabajos de grado de maestría o tesis doctorales publicados entre 2017 y 2021, relacionados directamente con el tema objeto de estudio, igualmente se realizó la búsqueda avanzada para lo cual se incorporó los descriptores clave: “administración de justicia”, “justicia digital”, “justicia en pandemia en  Ecuador ”

En cuanto a los criterios de selección de los documentos, en un primer momento se tomó en consideración su calidad y rigor metodológico y científico, otro punto que la compone tiene que ver con el título, autores,  idioma y los resultados, de este modo, el título, se calificó como contextualizado, útil y relevante para el tema, relacionado con los autores,  se realizó una revisión sistemática de publicaciones en español de este tema llevadas a cabo por investigadores ecuatorianos en revistas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Por último, se procedió a organizar la información para la respectiva sistematización hasta alcanzar el análisis, en cuanto a los aspectos referidos a la administración de justicia en formato digital en Ecuador.

 

Conclusión

La utilización de las tecnologías al ámbito jurisdiccional se percibe,  en el presente y a futuro como un hecho inevitable e inminente, no sólo porque ha evidenciado su eficacia   en tiempo de  en este momento particular de la humanidad, sino porque serán imprescindibles para  abordar  adecuadamente la reanudación de la actividad con una previsible y excesivo sobrecarga de trabajo, como consecuencia de las restricciones laborales producto de la Pandemia por Covid-19.

Consolidar el uso de estas herramientas informáticas se ha convertido en una necesidad ineludible, tanto para la gestión interna como para garantizar la colaboración del ciudadano en una justicia definitivamente participativa y responsable que se requerirá una vez que se supere la emergencia sanitaria. Es el momento de emplear la tecnología para transformar los sistemas de justicia, ahora desde la perspectiva de las necesidades a resolver, garantizando un mejor acceso a la justicia acompañado de una profundización en los principios y estándares declarados al implementarlos

Es imperativo y necesario profundizar una transformación digital del sistema de administración de justicia, orientada a mejorar el acceso a la justicia de todas las personas y, de conformidad con lo establecido en la Constitución de cada nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ente otros estamentos, mediante la utilización de las diferentes tecnologías para reformular y mejorar el servicio que se presta en materia de administración de justicia al ciudadano que así lo requiere y en el marco de las  obligaciones de derechos humanos.

Aunque se han dado pasos importantes en cuanto al uso de herramientas de justicia digital, tendientes a la modernización del sistema de Administración de Justicia, todavía hay varias cosas por ajustar, varios problemas y obstáculos que superar y, que representan un reto para la realización de los actos administrativos de la justicia mediante el uso de plataformas tecnológicas.

Se encontró que casi la totalidad de países habilitaron la realización de audiencias virtuales y teletrabajo. Muy pocos países contaban con plataformas propias o exclusivas para desarrollar audiencias virtuales. La mayoría de los países no cuentan con protocolos para la celebración de audiencias virtuales.

De existir protocolos, en general no contienen reglas o parámetros para asegurar la protección de garantías y el cumplimiento de los estándares de los sistemas de justicia instituidos, su desarrollo o desenvolvimiento en el marco de plataformas electrónicas. Los pocos instructivos que se han creado tienen más que ver con el uso de la herramienta informática, aspecto que es relevante , pero no tanto con los estándares que las instancias jurisdiccionales deben tener presentes para asegurar los derechos fundamentales en las personas que así lo requieran. 

También, desde hace mucho tiempo organismos como la Unión Europea (2002), el Consejo de Europa (2008), el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (2004) llevan tiempo advirtiendo a los Estados de la necesidad de la utilización de métodos alternativos como la digitalización de procedimientos y gestión en juzgados y tribunales, como forma de garantizar el acceso a la justicia para todo

La pandemia ha actuado como un importante  impulsor de procesos de renovación de los servicios de justicia y,  con ello, el surgimiento de una nueva visión para ofrecer una atención adecuada a los requerimientos de los ciudadanos mediados por las tecnologías.. En todo caso, también se trata de adaptar el proceso vigente de administración de justicia a las exigencias de la sociedad de siglo XXI, a través de la utilización de las nuevas tecnologías y, de cara al futuro postpandemia, estar preparado para lo que se ha dado a denominar la nueva “normalidad”.

 

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