Ciencias Naturales
Artículo de investigación
El principio de sostenibilidad ambiental en las políticas
públicas de vivienda en el Ecuador
The principle of environmental sustainability
in public housing policies in Ecuador
O princípio da sustentabilidade ambiental nas
políticas públicas de habitação no Equador
José Roosevelt Cedeño-Macías II jose.cedeno@utm.edu.ec https://orcid.org/0000-0002-1496-1465
Correspondencia: j.alex03@hotmail.com
*Recibido: 10 de julio 2021 *Aceptado: 04 de agosto de 2021 * Publicado: 13 de Septiembre 2021
I.
Estudiante en
la Maestría Profesional en Ingeniería Civil mención Construcción de Vivienda
Social
Instituto de
Postgrado.
II.
Magíster el
Administración Pública con Mención en Liderazgo, Docente Titular Medio Tiempo, Universidad
Técnica de Manabí, Ecuador.
Resumen
El derecho de vivir en una vivienda adecuada y digna, debe sustentarse
en el eficiente cumplimiento de planes de gobierno que incluyan dentro de sus
pilares una correcta implementación de políticas públicas de vivienda que
conlleven al desarrollo de la sociedad con el debido cuidado al medio ambiente,
el objetivo de la presente investigación permitió identificar el principio de
sostenibilidad ambiental en las políticas públicas de vivienda emitidas por el
Estado ecuatoriano. Se empleó una investigación documental para conocer cuáles
han sido las políticas públicas de vivienda, que se han establecido en los
últimos cinco años.
Palabras clave: Políticas públicas; sostenibilidad; vivienda; medio ambiente.
Abstract
The right to live in
adequate and dignified housing must be based on the efficient fulfillment of
government plans that include within their pillars a correct implementation of
public housing policies that lead to the development of society with due care
for the environment, The objective of this research allowed to identify the
principle of environmental sustainability in the public housing policies issued
by the Ecuadorian State. A documentary investigation was used to find out what
the public housing policies have been, which have been established in the last
five years.
Keywords: Public
policies; sustainability; living place; environment.
Resumo
O direito a morar em uma moradia digna e adequada deve estar pautado no cumprimento eficiente de planos de governo
que incluam em seus pilares a correta implementação de políticas públicas de habitação
que levem ao desenvolvimento da sociedade com o devido cuidado com o meio ambiente. Objetivo desta pesquisa permitiu
identificar o princípio da sustentabilidade
ambiental nas políticas públicas de habitação emanadas do Estado equatoriano.
Uma investigação documental
foi realizada para apurar quais
têm sido as políticas públicas de habitação,
estabelecidas nos últimos cinco anos.
Palavras-chave: Políticas públicas; sustentabilidade;
local de moradia; meio Ambiente.
Introducción
El acceso a una vivienda digna es un derecho
constitucional en el Ecuador, a pesar de que el estándar físico y social ha ido
mejorando en el tiempo, existen tendencias negativas con respecto a la
ocupación del suelo, que afectan el ambiente térmico interior de las viviendas,
tanto las que se transforman de forma progresiva por la población, como los
diseños originales de la vivienda estatal (González
Couret & Véliz Párraga, 2019).
Por su parte Pamplona (2000), describe que el desarrollo sustentable
significa para las políticas públicas, la pertinencia de hacer compatibles los
procesos productivos y consuntivos con los criterios de sustentabilidad
ambiental de mediano y largo plazo y en las dimensiones espaciales que
correspondan al problema que se quiera resolver o la temática que se quiera
abordar. Es necesario, entonces, aclarar el sentido de las políticas públicas.
Para Moller (2010), el principio de sostenibilidad ambiental es
el nuevo tema en la agenda del mundo, debido al acelerado deterioro de los
ecosistemas en los dos últimos siglos. Bajo ese esquema, el desarrollo
territorial sostenible se ha convertido, en uno de los principios rectores de la
mayoría de planes territoriales del mundo occidental.
En América Latina, los déficits cuantitativos
y cualitativos de vivienda han constituido históricamente una problemática
estructural, esto supuso la implementación de políticas de vivienda
instrumentalizadas a través de sistemas de incentivos, de esquemas de
financiamiento gestionados por fuera de los organismos nacionales y de una
oferta anclada a promotores y empresarios privados (Córdova, 2015).
No obstante, la situación de equilibrio del
desarrollo con el medio ambiente implica tanto la protección del medio
ambiente, como el desarrollo. Por lo tanto, debe existir una conexión lógica
entre los dos conceptos debido a que la implementación del desarrollo
sostenible implica necesariamente la integración de la protección del medio
ambiente en las políticas públicas (Fernández
& Gutiérrez, 2013).
Por consiguiente, es indispensable analizar si
el Ecuador ha instaurado lineamientos de sostenibilidad ambiental en las
políticas públicas de vivienda en los últimos cinco años, debido a que, la
obligación del Estado de satisfacer la necesidad de vivienda de sus ciudadanos
de manera sostenible nace desde el año 2008, considerando, además, la
influencia del cambio del gobierno central en el año 2017 por elecciones
presidenciales.
Finalmente, el presente trabajo académico se
enfoca en determinar si las nuevas políticas públicas de vivienda contienen
lineamientos de sostenibilidad ambiental tomando en cuenta que en ella debe
existir el confort, la comodidad, para así garantizar la vida digna de sus ocupantes,
en ella no sólo se desarrolla la vida privada de las personas, sino también es
un espacio de reunión, de convivencia, protección, cuidado de las familias y
comunidades. En una palabra, es una necesidad básica de la condición humana.
Vivienda
La vivienda es un lugar cerrado y cubierto
construido para ser habitado por personas, este tipo de edificación cuya
principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas,
protegiéndoles de las condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles
intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades
cotidianas (Gallopín,
2003).
La vivienda básica es la que cumple con la
concepción de germen de núcleo familiar o de convivencia, pensada para albergar
y satisfacer las necesidades de dos personas, con el horizonte de que pueda
modificar su composición con la incorporación de otra persona (descendiente,
familiar o invitado) o que pueda incorporar espacios productivos sin entorpecer
las tareas reproductivas propias, es decir, una vivienda que se adecue a
diferentes grupos y necesidades (Montaner &
Muxí Martínez, 2010).
En Ecuador cuya población aproximada de
acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) es de
16.577.767 habitantes, va en constante crecimiento en los últimos años,
reafirmando la tendencia a la reurbanización del país y el buen vivir que cada
familia necesita, aunque en la última encuesta nacional de empleo, desempleo y
sub-desempleo (ENEMDU) refleja la tasa de desempleo urbano en 6,7% y en el área
rural 2,3% en septiembre de 2016, los niveles de pobreza estén reflejados en su
mayoría en las zonas rurales también están en las zonas urbanas ya sea porque
presentan una necesidad básica insatisfecha (NBI) o por una mala planificación
para obtener su propio departamento, casa o terreno.
Para tratar de solucionar este quebranto
habitacional que iba incrementándose, se crea el Banco Ecuatoriano de la
Vivienda, con el objetivo de financiar y promover viviendas de beneficio social
para las clases sociales medias y bajas, enfrentando el futuro con
planificación y afrontando este déficit, que porcentualmente sigue siendo
similar a la fecha, en la gran mayoría de casos las viviendas ya existen pero
las condiciones de habitabilidad son inadecuadas, ya sea por el aumento de
personas o una mala concepción del espacio. A pesar de lo dicho, el criterio de
producción masiva y los parámetros de funcionalidad específicos para estas
minorías no permiten su adecuado desenvolvimiento y su inclusión en la
sociedad.
Cabe indicar que esta “vivienda tipo” se prolongó
en todos los rincones donde se requería de ayuda para las personas más
necesitadas, pero no se tomó en cuenta el lugar, la región, sus actividades,
los miembros de la familia y hasta cierto punto sus hábitos y costumbres que
son propios de cada ser humano, ocasionando problemas en la misma estructura
por el deterioro inmediato de los materiales, la degradación del entorno y
problemas de salud en sus usuarios, haciendo que se opte por abandonar el
hábitat que fue entregado para mejorar su calidad de vida.
Cisneros
Galarza (2015) señala: “Es por ello que la población se
acostumbra a las viviendas que pueden adquirir según su disponibilidad y
alcance sin meditar las consecuencias que esto traiga para el futuro”.
En los últimos años, el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) han entregado diferentes programas y
servicios que constan de entrega de bonos, como el Inmobiliario que es para la
adquisición de una vivienda, el de Construcción en terreno propio, el de
mejoramiento de vivienda, el de Titulación, el bono de Emergencia, el Bono
Manuela Espejo y varios anteproyectos de planes habitacionales completos, han
servido para que la ciudadanía en general pueda adquirir un bien inmobiliario
de interés social aprobado por el Gobierno Nacional, a esto se suma el aporte
de Empresas Privadas que, con el financiamiento respectivo las personas pueden
adherirse a viviendas a precios accesibles, especialmente destinados a la clase
popular de un piso y de dos. A esto podemos incluir que si bien es cierto se
cubren la expectativas de tener una casa pero no consideramos el aspecto a
fondo que no solo es una edificación, sino, es un conjunto de valores éticos,
sociales y de desarrollo personal y espiritual que están conjugados dentro de
la vivienda, si se logra profundizar estos aspectos sabremos que los parámetros
para generar vivienda social y que funcione tienen muchos más criterios de
revalorización que deben estar incluidos en cada hábitat, más allá de ser
simplemente muros, ventanas y techo.
Ministerio de desarrollo urbano y vivienda
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
(MIDUVI), es el ente que ejerce el poder de implementar la legislación o
política pública de cada una de las ciudades, gestionar un hábitat incluyente,
equitativo, innovador, diverso y sustentable, garantizando honestidad y
honradez para con la ciudadanía ecuatoriana.
El cual tiene como objetivo:
·
Incrementar los mecanismos para que las familias ecuatorianas puedan
acceder a una vivienda digna, con énfasis en los grupos de atención
prioritaria.
·
Incrementar las capacidades de los prestadores de servicios públicos
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel
nacional.
·
Incrementar las capacidades de los GAD’s en
la planificación y gestión de los asentamientos humanos en el territorio
nacional (Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda, 2018).
En la actualidad, la escasez de recursos para
la dotación de servicios, mejoramiento del Transporte público, la disminución
del déficit de vivienda y los espacios urbanos de correcta calidad ha
disminuido a causa de la defectuosa capacidad fiscal de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD’s).
Las trasferencias financieras del estado
aportan en un 81% de su totalidad al presupuesto de cada Municipio. Desde el
año 2009 hasta el 2013 impuesto predial se mantuvo en un 2.7%. Donde la
recaudación de contribuciones especiales apenas fue del 12% de los ingresos
tributarios municipales en dichos años (Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda, 2018).
Las entidades gestoras y las instituciones que
junto con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) regulan y
controlan las normativas que respectan justamente al desarrollo de urbano y
vivienda son: La Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales, Participación
Ciudadana, Secretaría Nacional de Gestión de Transparencia, el Ministerio de
Justicia.
Los cuales trabando en conjunto ofrecen un
Estado Democrático. Los mismos que desarrollan la aplicación del llamado Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD),
código que rige y determina el ordenamiento territorial.
Gobierno Autónomos Descentralizados (GAD’s)
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s), son aquellas Instituciones establecidas por el
Gobierno Nacional para cada una de las Provincias del territorio ecuatoriano.
Estas ofrecen un cambio de visión y de calidad en la gestión financiera, de
normativas, democratización, comunicación, e información en cada una de las
comunidades de las diferentes provincias del país. Con lo que se busca evitar,
según el Ministerio de Coordinación de Políticas de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados:
·
Ausencias del Estado en sectores, como lo era en el caso de la
Amazonía.
·
Descoordinación, clientelismo y regionalismo en la relación de niveles
de gobierno.
·
Exclusión de la ciudadanía en la definición de la política pública.
·
Discriminación, desconocimiento y rechazo a la diversidad social.
·
Corrupción, impunidad y limitado acceso se la ciudadanía al Sistema
Judicial.
·
Evitar monopolios y control de la información y de los medios por
parte de grupos de poder económico. (Presidencia de la República del Ecuador,
2011).
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s), desde su aparición dentro del estado, han logrado
la gran mayoría de aspectos que han tenido como finalidad, los cuales se
detallan a continuación, según lo dice el Ministerio de Coordinación de
Políticas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados:
·
Se han establecido diálogos directos entre el Presidente de la
República y las Asociaciones pertinentes.
·
Se han implementado juntas destinadas a la rendición de cuentas en
cada provincia para generar una política pública.
·
Se ha facilitado que la política junto con su inversión tenga un
alcance a nivel nacional, en donde se priorice la inversión a los sectores más
pobres.
·
Se ha incentivado las inversiones que cada población ha priorizado.
·
Se ha generado equidad territorial, social y económica. Dejando a un
lado la posibilidad de una descentralización de poder y de recursos.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
trabajan en conjunto con el Gobierno Nacional con el objeto de ir cumpliendo
con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, el cual es el
establecido por la Constitución Ecuatoriana (Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda, 2018).
Principio de
sostenibilidad
Este principio establece el rol del Estado
como promotor y controlador del aprovechamiento y conservación sostenible de
los recursos hídricos, previniendo la afectación de su calidad ambiental y de
las condiciones naturales de su entorno, como parte del ecosistema donde estos
recursos se encuentran.
Tal y como se mencionó en el principio de
valoración, se confirma que el uso y la gestión sostenible del agua implican la
integración equilibrada de los aspectos socioculturales, ambientales y
económicos en el desarrollo nacional, así como la satisfacción de las
necesidades de las actuales y futuras generaciones.
Ventajas de la
sostenibilidad ambiental
Entre las principales ventajas, podemos
nombrar:
·
Sensatez y calidad en cuanto al proceso de toma de decisiones.
·
La adhesión de compromisos de sostenibilidad ambiental de las empresas,
genera racionalidad en su gestión y perspectiva puramente económica.
·
Aumenta la participación y confianza de todos los actores implicados
en una organización o fuera de ella (por ejemplo, accionistas).
·
Gracias a su reconocimiento a nivel mundial, las empresas que ponen en
práctica medidas de sostenibilidad ambiental, generan imagen de marca y, por
ende, prestigio.
·
Da lugar a que el uso de los recursos y de la energía sea más
eficiente, así como, de manera general, todo el proceso productivo.
·
Al aumentar la resiliencia, se minimizan los
costes asociados a incidencias externas de carácter negativo.
·
Su inclusión facilita que se cumpla con las normativas
medioambientales, evitando incurrir en delitos, sanciones, multas o demandas.
·
Implementar medidas en base a la sostenibilidad ambiental, supone un
factor diferenciador basado en la calidad, que puede propiciar otras medidas
como la gestión ambiental.
·
No sólo mejora la imagen, sino el posicionamiento respecto a posibles
licitaciones, subvenciones y recursos financieros en general.
·
También existe el aporte al entorno social, como consecuencia de su
compromiso respecto a la sostenibilidad del medio ambiente. Por tanto, de
manera general, se puede concluir que apostar por la sostenibilidad es invertir
en el futuro.
Aspectos
fundamentales de la sostenibilidad
La serie de aspectos fundamentales en cuanto a
la sostenibilidad ambiental que se va a presentar a continuación, implican
concebir, planificar, proyectar y gestionar prácticamente cualquier actividad,
incurriendo en la sensibilidad, compromiso y criterio que caracteriza a
cualquier temática ambiental.
Sistema territorial
y Estrategia Territorial
Cualquier actividad que se desarrolle tiene un
carácter territorial, por lo que forma parte de un sistema territorial con
características propias.
Por tanto, hay que considerar esas
particularidades para planificar y gestionar cualquier actividad que se
desarrolle de acuerdo a los principios que rigen la sostenibilidad ambiental.
De ahí que la Ordenación del Territorio se
asiente como instrumento del desarrollo sostenible, así como la Estrategia
Territorial, afecta a cualquier previsión de futuro que pueda perturbar el
territorio.
Todo ello con el objetivo claro de evolucionar
hacia la cohesión social y económica, así como equilibrar la competitividad
territorial.
Es decir, la intención es generar un modelo
que reduzca al mínimo la demanda de infraestructuras, disminuyendo las diversas
demandas por parte de los ciudadanos y progresando hacia la sostenibilidad
ambiental real.
La
metodología que se empleará en el desarrollo del presente trabajo es una
investigación documental, según lo define Bernal (2010), dicho estudio consiste
en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el
propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado
actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.
De
lo anteriormente expuesto, se debe añadir que se realizará una compilación de
la información del principio de sostenibilidad ambiental, la simplificación de
las políticas públicas de sostenibilidad ambiental en el ámbito de la vivienda
y la facilitación de orientación sostenible para la futura emisión de las
mismas.
Por
consiguiente, la investigación se efectuará a partir del empleo de los métodos
histórico lógico, debido a que se elaborará mediante el análisis de documentos
que podrán permitir establecer los antecedentes de la temática, la
caracterización de las políticas públicas de vivienda en el Ecuador y
determinar si en la actualidad se han implementado políticas públicas de
sostenibilidad ambiental en el ámbito de la vivienda.
Al
mismo tiempo, se empleará el método histórico-lógico y el análisis de
documentos, los cuales son utilizados cuando se llevan a cabo estudios de
carácter bibliográfico, además, se realizará una revisión de libros, revistas,
documentos y demás textos que proporcionen información relevante a la temática
de investigación.
Lo
histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria del principio de
sostenibilidad ambiental, sus características, y, la implementación en las
políticas públicas de vivienda, y, lo lógico se ocupa de investigar su
existencia y desarrollo entre los años 2016-2020 en el Ecuador.
Resultados y discusión
La
República del Ecuador tiene una población aproximada de 14.483.499 de
habitantes, que ha crecido en los últimos años a una tasa promedio anual del
1,95%. El 66% de la población se localiza en ciudades, reafirmando la tendencia
a la urbanización del país (a inicios de esta década, el 61% de la población se
concentraba en ciudades, cifra que no superaba el 55% en 1990). La población
masculina alcanza un 49,6%, mientras que la femenina un 50,4%.
Aunque
con una trayectoria levemente decreciente, los niveles de pobreza son elevados,
especialmente en el área rural, el 35% de la población ecuatoriana se encuentra
en situación de pobreza, cifra que se eleva al 59% en el área rural, mientras
que en la zona urbana es de 23%. Por su parte, cerca del 46% de los hogares
presentan al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI). Los niveles de
desigualdad por ingresos también son preocupantes, con un coeficiente de GINI
por ingresos de 0,51 (0,46 si se consideran diferencias en el consumo).
En
este contexto, el Gobierno de Ecuador ha desarrollado el Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2010 (PND) que busca mejorar la calidad de vida y libertades de
las personas, erradicar inequidades, desigualdades y la exclusión social, a
través de una mejor coordinación, impacto, focalización y control de las políticas
públicas. El logro de las metas establecidas en el PND supone un importante
esfuerzo del Gobierno, ya que exige un incremento significativo de la inversión
pública.
En
la situación actual de la vivienda en Ecuador, el 45% de los 3,8 millones de
hogares ecuatorianos habitan en viviendas inadecuadas. Este número contabiliza
al 36% de hogares que sufren déficit cualitativo, y al 9% de los hogares que
sufren déficits cuantitativos. Los 1,37 millones de hogares con déficit
cualitativo residen en viviendas cuya tenencia es insegura, construidas con
materiales inadecuados, con carencia de servicios sanitarios básicos, o con
problemas de hacinamiento. Los 342.000 hogares con déficit cuantitativo
comparten su vivienda con uno o más hogares, o viven en unidades de vivienda
improvisadas.
Si
bien el déficit de vivienda afecta a los hogares de todos los quintiles de
ingreso, su incidencia es mayor en los hogares más pobres y vulnerables. Entre
los hogares de los dos quintiles con menores ingresos, este déficit alcanza el
67%, (53% cualitativo y 14% cuantitativo). Entre los hogares más vulnerables de
este grupo, aquellos cuya jefa de hogar es mujer, con miembros con
discapacidad, o con tres o más menores de edad a su cargo, el déficit es aún
mayor y supera el promedio del país en su conjunto por dos puntos en los
hogares con jefatura femenina; seis puntos en los hogares con miembros con
discapacidad; y ocho puntos en los que cuentan con tres o más menores de edad a
su cargo. Entre los dos quintiles de menores ingresos, es en los hogares
rurales donde la vulnerabilidad es más evidente.
Los
hogares rurales con jefatura femenina tienen un déficit un punto mayor que los
otros hogares rurales del mismo quintil; y de 16 puntos más cuando el hogar
cuenta con algún miembro con discapacidad.
La
incidencia del déficit de vivienda varía también según la localización de los
hogares. Mientras que en las áreas urbanas el 37% de los hogares habita en
viviendas inadecuadas, este número llega al 60% en las rurales. La dispersión
geográfica de las viviendas rurales ha generado una elevada carencia de
servicios básicos. El 55% de los hogares rurales carecen de conexión a una red
de agua, y el 80% no cuentan con un sistema cloacal apropiado.
Finalmente,
el mapa del déficit de vivienda del país repite el de la distribución de la
población total, con el 80% de los hogares localizados en seis provincias: El
Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y Pichincha.
Con
los antecedentes antes expuestos el Gobierno Nacional a través del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), implementaron un programa nacional de
vivienda social, según el siguiente detalle:
|
Nombre del Proyecto |
Entidad ejecutora |
Cobertura y localización |
Monto estimado |
|
Programa Nacional de Vivienda Social - PNVS |
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda -
MIDUVI, a través de la Subsecretaría de Vivienda. |
A nivel Nacional |
El PNVS tendrá un costo de US$ 104 millones,
de los cuales US$ 100 millones son con crédito de préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo – BID, con recursos del Capital Ordinario, y US$4 millones de contrapartida del Gobierno
Nacional a través del MIDUVI. El monto requerido para el desarrollo del
proyecto en cada año fiscal es: 2013: US $ 30.154.787 2014: US $ 28.973.404 2015: US $ 25.973.404 2016: US $ 18.898.404 |
De
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, el Gobierno Nacional
tiene previsto para el año 2021 otorgar una vivienda digna a los ecuatorianos
que se encuentran en condiciones de pobreza y extra pobreza, donde los niños y
las niñas no sufran de desnutrición, y los jóvenes puedan acceder a la
educación superior, donde no exista violencia contra las mujeres, y se
garanticen los derechos de la naturaleza. Un país productivo en que todos
tengamos empleo digno, y el desarrollo rural sea una prioridad.
Una
vida digna implica pensar en un hábitat urbano y rural, natural y artificial,
que sea sostenible, equitativo, seguro, adaptable y ambientalmente sano, que
respalde el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, y que propenda a la
responsabilidad intergeneracional pensando en el manejo responsable y
sostenible de recursos como el agua, el suelo, el aire y el espacio público.
Es
así como el derecho a la vivienda digna, adecuada y segura se relaciona con la
capacidad de conexión con los sistemas tanto de infraestructura (agua potable y
saneamiento adecuado, electricidad de la red pública, gestión integral de
desechos, condiciones materiales adecuadas, con espacio suficiente, ubicadas en
zonas seguras, con accesibilidad) como con los sistemas no tangibles como la
cultura y la comunidad, que aseguran la gestión democrática de las ciudades
mediante formas directas y representativas de participación ciudadana en la
planificación y gestión de entornos y espacios seguros, y con mecanismos de
información pública, transparencia y rendición de cuentas, anteponiendo el
interés general al particular y asegurando el bienestar colectivo de los
habitantes en condiciones de igualdad y justicia.
A
lo largo del ciclo de vida, los seres humanos presentan requerimientos
especiales bajo condiciones específicas. Un enfoque que tome en cuenta las
necesidades particulares de cada etapa del ciclo permite al Estado garantizar
los derechos de manera efectiva y oportuna, bajo consideraciones de pertinencia
territorial, disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad, orientando
sus intervenciones en la población desde la gestación, primera infancia, niñez,
adolescencia, juventud, adultez y adultez mayor, es decir, brindando una vida
digna y una muerte digna.
El
Plan Toda una Vida apuesta por el fortalecimiento y la institucionalización de
políticas públicas y servicios que respondan a derechos fundamentales de las
personas, en particular de los grupos de atención prioritaria y en situación de
vulnerabilidad, con miras a la eliminación gradual de las desigualdades
sociales innecesarias, injustas y evitables, enfrentando las causas
estructurales para alcanzar una sociedad más igualitaria. El cumplimiento de este
objetivo se conseguirá mediante las acciones coordinadas entre los diferentes
niveles de gobierno, y mediante la corresponsabilidad de la familia, la
sociedad y la comunidad en general.
|
Nombre del Proyecto |
Entidad Ejecutora |
Plazo de Ejecución |
Monto Total |
|
Proyecto de Vivienda Casa Para Todos -CPT |
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda –
MIDUVI. Co-ejecutado por las Empresas Públicas:
|
Este proyecto se ejecutará desde el año 2019
hasta el año 2028. (10 años), con base a la propia gestión del proyecto, componentes y
actividades (subvención de tasa de interés y vigencia del fideicomiso) |
El monto total del proyecto es de USD; $
2.861.900.875,35. A continuación se detalla el monto de inversión estimada para el proyecto durante
los períodos fiscales correspondientes: 2019: USD 561.269.021,34 2020: USD 650.277.218,98 2021: USD 460.477.316,01 |
Mediante la implementación del proyecto de vivienda Casa para Todos se
pretender atender a la población ubicada en los siguientes segmentos:
§ Vivienda del Primer
Segmento.
Viviendas totalmente subvencionadas por el Estado; direccionadas a la
población en pobreza extrema y pobreza que serán identificados por la métrica
establecida por el ente rector, más criterios de priorización
(vulnerabilidades) estipuladas en la normativa vigente.
La vivienda del primer segmento considera dos modalidades de
construcción:
·
Construcción de vivienda nueva en terreno urbanizado dentro del
programa casa para todos.
ü Es el subsidio destinado al pago de una
vivienda que cumpla con los parámetros y condiciones establecidas por el MIDUVI
para el Programa Casa Para Todos y el Gobierno Autónomo Descentralizado
correspondiente, incluyendo el valor del suelo y las obras de urbanización,
todo ello, dirigido al núcleo familiar beneficiario conforme con los índices
del Registro Social y la priorización emitida por el MIDUVI.
·
Construcción de vivienda nueva en terreno propio.
ü Es el subsidio destinado al pago de la
construcción de la vivienda en el terreno de propiedad del beneficiario y/o de
su núcleo familiar, de acuerdo a los parámetros y condiciones establecidas por
el MIDUVI para el Programa Casa Para Todos, todo ello conforme con los índices
del Registro Social y la priorización emitida por el MIDUVI.
§ Vivienda del
Segundo Segmento
Viviendas parcialmente subvencionadas por el Estado (COPAGO),
direccionadas a sectores poblacionales que presentan condiciones para pago de
aportes mensuales.
La vivienda del segundo segmento considera dos modalidades de adquisición:
·
Modalidad de crédito hipotecario
ü Primera y única vivienda del núcleo familiar
desde USD $ 21.000,00 a USD $ 40.000,001 en terreno urbanizado.
ü Proyectos de iniciativa privada o en
asociaciones público privadas de acuerdo al proceso respectivo.
ü Aprobación del score bancario de cada posible
beneficiario en la institución financiera que otorgará el crédito hipotecario.
·
Modalidad de arriendo con opción a compra
ü Primera y única vivienda del núcleo familiar.
ü Vivienda de tres (3) dormitorios desde 57 m2
de construcción en terreno urbanizado (USD
ü $21.000,002)
ü Proyectos en asociaciones público privadas.
ü Aplicación de un score socio económico para
cada caso (que reemplaza al score bancario).
§ Vivienda del Tercer
Segmento
Viviendas subsidiadas en la tasa de interés; direccionadas a sectores
poblacionales que evidencian mejores condiciones para pago de aportes mensuales
y que pueden acceder a un crédito hipotecario.
Las viviendas de los proyectos de este segmento deberán cumplir lo
siguiente:
§ Incentivos del
Cuarto Segmento
Son Incentivos / subvenciones de vivienda destinadas a:
Ampliación de vivienda y adecuaciones
Valor: Hasta USD $ 6.000,00
En atención a los segmentos antes descrito, se pretende brindar un
hogar digno a los ecuatorianos de pobreza y extrema pobreza aproximadamente
883.600 personas en pobreza, extrema pobreza, vulnerables y con capacidad de
pago y de acceso al crédito hipotecario que habitarán en 220.900 viviendas en
condiciones adecuadas y que cumplen con los requisitos de elegibilidad del
Proyecto en sus diferentes modalidades, en zonas rurales y urbanas, de acuerdo
a la normativa establecida por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,
se remite características y criterios de elegibilidad y priorización como se
detalla a continuación:
Los beneficiarios para el segmento 1 serán seleccionados por el MIDUVI
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. MIDUVI
002-2018-05-16 o normativa vigente, cuyo proceso se describe en la normativa
emitida por el ente rector de la Vivienda.
Los beneficiarios para el segmento 2 deberán cumplir lo establecido
por el MIDUVI en la normativa vigente el score socio-económico aplicado para
las modalidades de:
Los beneficiarios para el segmento 3 deberán ser sujetos de crédito y
la IFI será la responsable del score bancario y las características que se
deberán cumplir para acceder a la subvención de la tasa de interés.
Los beneficiarios para el segmento 4 deberán cumplir lo establecido
por el MIDUVI en la normativa vigente aplicado para las modalidades de:
Conclusión
En
la década de los años sesenta empieza a generarse la preocupación a nivel
internacional por el tema del medio ambiente: importantes programas de gobierno
y organismos internacionales, así como bastantes artículos e informes de gran
divulgación, estuvieron dedicados a la protección del medio ambiente con fines
principalmente conservacionistas.
De
la misma manera, en dichos años se considera el surgimiento del movimiento
ecologista y/o ambientalista contemporáneo, proponiendo cambios importantes a
nivel político, social, cultural y económico; pero serían las dos grandes ONG
con mayor entusiasmo en el estudio de estos temas, como fueron el club de roma
y la organización de las naciones unidas ONU, quienes jugarían un papel
importante, superando el tema de la protección del medio ambiente y llevándolo
al debate de la crisis ambiental, considerándolo como agenda global de la
comunidad internacional y como un tema de política mundial, regional y local.
En
el mundo, la vivienda está considerada dentro del conjunto de derechos humanos
que aseguran el bienestar y un nivel de vida adecuado. En el país, el hábitat,
la ciudad y la vivienda también son derechos del buen vivir. El Gobierno
central y los gobiernos locales son actores determinantes en la marcha de estos
procesos, pero se requiere generar acuerdos con sectores empresariales,
sociales organizados y la ciudadanía.
Es
evidente entonces, su importancia en la construcción de un hábitat de calidad,
debe ser objeto de articulación de las políticas públicas nacionales y locales.
Para que estas sean efectivas, debe haber una consideración especial hacia el
suelo y el tratamiento de este como un recurso escaso, lo cual implica pensar
también desde sus funciones sociales y ambientales a fin de que garanticen la
calidad de vida para todos y todas.
Cabe
agregar, que la situación de pobreza extrema por ingresos en Ecuador ha
disminuido en una tasa promedio anual del 6,4% entre los años 2010 - 2017; no
obstante, los niveles de pobreza aún son elevados, especialmente en el área
rural, el 7,9% de la población ecuatoriana se encuentra en situación de extrema
pobreza, siendo el 5,7% en el área rural, mientras que en la zona urbana el
2,3%.
En
este marco, en procura de atender a la población más vulnerable con mayores
carencias, el Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 establece los ejes,
objetivos, metas y políticas que articulan el accionar de cada sector e
institución pública.
En
efecto, el sector de hábitat y vivienda tradicionalmente ha sido marcado por
una capacidad “económico productiva” lo cual ha determinado la planificación
física territorial. Según datos del Registro Social; a nivel nacional de
2.375.754 familias que representan 7.813.524 personas, principalmente las de
menores recursos económicos, viven en condiciones de riesgo, insalubridad,
vulnerabilidad y dentro de un medio ambiente degradado.
En
base a lo planteado, se requiere definir un nuevo concepto que permita
potenciar las políticas ejecutadas en anteriores gobiernos e innovar en nuevos
procesos para que la población más vulnerable pueda acceder a una vivienda
propia con las condiciones de habitabilidad que permitan su desarrollo, y que
estén acordes a la normativa vigente y garanticen sus derechos.
Finalmente,
este nuevo enfoque implica profundas transformaciones y un abordaje distinto de
la problemática, la cual parte no solo de una lectura cuantitativa del déficit
habitacional, sino que considere la forma de vida en las zonas rurales y
urbanas, integrando factores de índole ambiental, cultural y productiva,
garantizando el equilibrio socio-ambiental del territorio, reconociendo y
fortaleciendo las redes sociales presentes en los territorios, promoviendo la
proximidad a los sistemas de la ciudad: equipamiento, transporte, áreas verdes,
áreas recreativas, espacio y servicios públicos, garantizando de esta manera
sostenibilidad ambiental, social y financiera.
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