Ciencias sociales y políticas
Artículo de revisión
Corrupción Pública, el camino hacia la cultura Compliance como herramienta de prevención de riesgos
Public Corruption, the path to Compliance culture as a risk prevention tool
Corrupção pública, o caminho para a cultura de Compliance como ferramenta de prevenção de riscos
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Correspondencia: tmvillarrealc@ucacue.edu.ec
*Recibido: 20 de febrero del 2021 *Aceptado: 20 de marzo del 2021 * Publicado: 10 de abril del 2021
I. Especialista en Auditoria de Gestión de la Calidad, Diploma Superior en Auditoria de Gestión de la Calidad, Magister en Auditoria de Gestión de la Calidad, Contador Público, Auditor, Ingeniero Empresarial, Facultad de Contabilidad y Auditoria, Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues, Azogues, Ecuador.
II. Magister en Contabilidad y Auditoría, Contador Público, Licenciado en Administración, Facultad de Contabilidad y Auditoría, Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues, Azogues, Ecuador.
III. Diploma Superior en Pedagogías Innovadoras, Especialista en Diagnostico Intelectual, Magister en Desarrollo de la Inteligencia y Educación, Doctora en Jurisprudencia, Profesora de Educación Media en la Especialidad de Pedagogía, Abogado de los Tribunales De Justicia de la Republica, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Administración de Empresa, Universidad Católica de Cuenca Sede Azogues, Azogues, Ecuador.
IV. Magister en Biología Molecular Medica, Ingeniero en Biotecnología de los Recursos Naturales, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, Cuenca, Ecuador.
Resumen
En este estudio se aborda el análisis de la corrupción pública a través de la cultura Compliance entendida como una herramienta de prevención de riesgos que permite construir una estrategia anticorrupción en las administraciones públicas. Se parte de una metodología basada en la compilación bibliográfica referente a la temática tratada, desde un enfoque interpretativo-deductivo, bajo el tipo de una investigación documental-bibliográfica. En este contexto, se realizó una búsqueda online de documentos de publicación reciente entre 2016 hasta 2021, sin embargo se incluyó trabajos de años anteriores a la fecha mencionada dada la significancia para esta investigación. Se encontró que los resultados dan cuenta de que la corrupción cuesta al menos 2,6 billones de dólares o el 5% del producto interno bruto mundial. Asimismo, se afirma que la corrupción socava las bases para el desarrollo de los países y, en consecuencia atenta contra el futuro de las generaciones futuras, por tanto, las naciones están obligadas a tomar medidas y adoptar una firme aptitud ante la corrupción y en este sentido una cultura respeto al cumplimiento normativo o Compliance, se convierte en un instrumento de prevención de riesgos en las actividades públicas y también como un mecanismo para sancionar la corrupción.
Palabras Clave: Compliance; corrupción pública; mecanismos de prevención y control.
Abstract
This study addresses the analysis of public corruption through the Compliance culture understood as a risk prevention tool that allows building an anti-corruption strategy in public administrations. It starts from a methodology based on the bibliographic compilation referring to the subject matter, from an interpretative-deductive approach, under the type of a documentary-bibliographic investigation. In this context, an online search for recently published documents was carried out between 2016 and 2021, however, works from years prior to the aforementioned date were included given the significance for this research. The results were found to show that corruption costs at least $ 2.6 trillion or 5% of the world's gross domestic product. Likewise, it is affirmed that corruption undermines the foundations for the development of countries and, consequently, threatens the future of future generations, therefore, nations are obliged to take measures and adopt a firm aptitude in the face of corruption and in this In the sense of a culture respecting regulatory compliance or Compliance, it becomes an instrument for the prevention of risks in public activities and also as a mechanism to punish corruption.
Keywords: Compliance; public corruption; prevention and control mechanisms.
Resumo
Este estudo aborda a análise da corrupção pública por meio da cultura de Compliance entendida como uma ferramenta de prevenção de riscos que permite construir uma estratégia anticorrupção nas administrações públicas. Parte-se de uma metodologia baseada na compilação bibliográfica referente ao tema, de uma abordagem interpretativo-dedutiva, sob a forma de uma investigação bibliográfica documental. Nesse contexto, foi realizada uma busca online de documentos recentemente publicados entre 2016 e 2021, porém, foram incluídos trabalhos de anos anteriores à referida data, dado o significado para esta pesquisa. Os resultados mostraram que a corrupção custa pelo menos US $ 2,6 trilhões ou 5% do produto interno bruto mundial. Da mesma forma, afirma-se que a corrupção mina os alicerces para o desenvolvimento dos países e, conseqüentemente, ameaça o futuro das gerações futuras, portanto, as nações são obrigadas a tomar medidas e adotar uma firme aptidão diante da corrupção e neste sentido. de uma cultura de respeito ao compliance regulatório ou Compliance, passa a ser um instrumento de prevenção de riscos nas atividades públicas e também um mecanismo de punição à corrupção.
Palavras-chave: Compliance; corrupção pública; mecanismos de prevenção e controle.
Introducción
La corrupción pública es un fenómeno global que afecta la confianza de los ciudadanos en el gobierno y las instituciones oficiales, debilita los sistemas judiciales y políticos, a la vez que incide desfavorablemente en el crecimiento económico y social de las naciones, pues aleja a los posibles inversionistas y, afecta directamente la calidad de vida del ciudadano. En este marco (Guterres, 2018) afirma que, la corrupción priva a las personas de sus derechos y ahuyenta la inversión extranjera… tiene su caldo de cultivo en el colapso de las instituciones políticas y sociales […] Así, la corrupción pública se ha definido como “una mala administración o un mal gobierno dolosos en el ejercicio de poderes públicos que no busca el interés general, sino el beneficio de una persona física o jurídica” (Ponce, 2012). En la corrupción pública están implicados funcionarios o empleados públicos, seleccionados, en principio, por criterios basados en la meritocracia y estabilidad en el puesto. (Gutiérrez, 2018)
Igualmente, la corrupción pública, ha sido definida, a decir de, (Kjellberg, 1992) desde una triple dimensión: (a) jurídica, definida como una quiebra de las normas legales; (b) ética, referida a la fractura de las normas éticas no escritas y (c) sociológica, relativas a cómo se debe ejercer el servicio público, para proporcionar servicios o beneficios a ciertos grupos o ciudadanos de forma oculta, con ganancia directa o indirecta, en mente.
Es así que, en los ámbitos donde se hacen presentes los eventos de corrupción se menoscaba el derecho de los habitantes a recibir buenos servicios de alimentación, educación y atención sanitaria, debido al hecho de que miles de millones del dinero (dólares, libras y euros, otros) destinados al bien público, se desvían a las arcas de los funcionarios públicos y empresas nacionales y multinacionales que se involucran en negocios ilícitos de malversación de fondos estatales.
En tal sentido, es un hecho público y comunicacional que las personas más pobres y vulnerables son afectadas desproporcionadamente por el flagelo de la corrupción, según (Guterres, 2018) la corrupción: roba escuelas, hospitales y otros fondos que son vitales para la población […] Enmarcado con esto, (Mena, 2021) ha manifestado que la corrupción, atenta persistentemente contra el desarrollo nacional y contribuye a mantener la democracia en un estado de crisis permanente. Citando al Foro Económico Mundial, (Guterres, 2018) dice que se estima que la corrupción cuesta al menos 2,6 billones de dólares o el 5% del producto interno bruto mundial.
En este orden, se ha afirmado que la corrupción pública tiende a ser mucho menor en los países desarrollados y, especialmente, en aquellos que poseen tres características: un mayor número de años de experiencia democrática, un mayor nivel de alternancia política en sus diferentes niveles de Gobierno y un sistema judicial más eficiente. (De la Dehesa, 2014)
Refuerzan estos planteamientos las estadística pormenorizadas publicadas por (Transparency International, 2020), en el informe denominado Índice de Percepción de la Corrupción 2020, el cual da cuenta de que los países que percibieron un menor nivel de corrupción en el sector público fueron Dinamarca y Nueva Zelanda, con una puntuación de 88 (sobre 100), seguidos de Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza. Adicionalmente también se indica que en el extremo opuesto del índice, Sudán del Sur y Somalia obtuvieron una puntuación de sólo 12 cada uno, lo que los convierte en los peores. Siria (14), Yemen (15) y Venezuela (15) también se encuentran entre los países con menor puntuación.
Por otro lado, en el mapa mundial de la corrupción presentado en el documento (Transparency International, 2020), se establece que los países de la región de Latinoamérica menos corruptos son Uruguay con 71 puntos, Chile con 67 y Costa Rica con 57 puntos. Por su parte Ecuador obtuvo 39 puntos, cifra que ubica al país en la posición 92 en el ranking mundial del índice de percepción sobre la corrupción.
Siendo que, la corrupción socava las bases para el desarrollo de los países y, en consecuencia atenta contra el futuro de las generaciones futuras, las naciones están obligadas a tomar medidas y adoptar una firme aptitud ante la corrupción. En este campo existen herramientas de control que permiten realizar la localización, seguimiento y corrección de aquellos hechos e irregularidad dentro de la empresa o institución pública, denominado Compliance (cumplimiento normativo), el cual ha sido reconocido como un mecanismo para prevenir esos riesgos.
De acuerdo a la entidad de normalización australiana (AS3906- Australian Standard on Compliance Programs, 1988), los programas de cumplimiento pueden ser definidos como “un sistema de gestión empresarial que tiene como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento” En el mismo orden, (Gutiérrez, 2018), ha indicado que el Public compliance, es entendido como la simbiosis entre la ética pública y los elementos desarrollados en los programas de cumplimiento normativo en las empresas como mecanismos que permitan construir una estrategia anticorrupción en las Administraciones públicas.
En tal sentido, el compliance establece el cumplimiento de las normativas legales y en el campo de la línea ética, por parte de los funcionarios que laboran en un ente gubernamental, como un principio de buen gobierno, que permite la gestión más eficaz y transparente en consonancia con la temática de prevención y con la lucha anticorrupción.
Sobre la base de los planteamientos anteriores este estudio plantea un análisis acerca de la cultura compliance como herramienta de prevención de riesgos relacionados con la corrupción pública.
Desarrollo
El fenómeno social denominado corrupción, es un flagelo que atenta contra la ética e integridad en el servicio público, así como con los derechos humanos, por ello, el combate contra este ilícito, supone el punto de partida para prácticas gubernamentales transparentes orientadas al progreso del país. Por lo tanto, la lucha anticorrupción empieza con mejores sistemas. (Gutiérrez, 2018). A este respecto, el camino hacia este propósito considera la cultura Compliance como herramienta de prevención de riesgos en las actividades públicas y privadas.
Así, la aparición de una cultura respeto al cumplimiento normativo como objeto de la dirección de la empresa u organización pública necesita una herramienta de gestión. Esta herramienta son los denominados programas de cumplimiento (Compliance), que deben compensar los factores que dificultan el cumplimiento de la legalidad dentro de una corporación. (Nieto, 2015). Los programas de cumplimiento (compliance), son mecanismos que se han venido aplicando tanto en el sector público como en el sector privado para sancionar la corrupción. A este respecto (Nieto, 2015), ha planteado que “los programas de cumplimiento realizan esta tarea a través de la prevención de los comportamientos infractores y cuando estos tienen lugar su detección y sanción” En esta misma línea, (Casas, 2021), asevera que “los modelos de organización y gestión o corporate compliance programs no tienen por objeto evitar la sanción penal de las empresas sino promover una verdadera cultura ética empresarial”.
Fomentar la transparencia y perseguir la corrupción es un cometido que debe conducir a las empresas y de modo concreto a las entidades gubernamentales y es ahí donde la implementación de instrumentos de Compliance se torna como un elemento clave para contrarrestar situaciones relacionadas con actos delictivos y evitar así, ser elementos de investigación judicial. En este punto cobra importancia la cultura organizativa, pues, a decir de (Cox, 1993) la corrupción es una conducta aprendida. Sobrevive porque dentro de la organización se convierte en conocimiento tácito de cómo hacer las cosas y tener éxito, con ello, se justifica y se hace atractiva para sus miembros.
Frente a este panorama, promover el cumplimiento normativo en las organizaciones públicas, es primordial a razón de detectar comportamientos corruptos dentro del ente estatal y minimizar el riesgo de la comisión de delitos en el seno de las administraciones públicas.
En esta visión, es conveniente que las empresas e instituciones estatales cumplan con lineamientos dispuestos en la necesidad del control de los riesgos en su operación, puesto que según (Gutiérrez, 2018), la carencia de controles preventivos en las administraciones públicas ha contribuido a generar un caldo de cultivo ideal para los agentes corruptos. Relacionado con esto, (Casanovas, 2018) aduce que el déficit cultural permite que las personas desarrollen conductas irregulares en las organizaciones sin la percepción de estar obrando mal. Por tanto, impulsar prácticas asociadas a la creación, mantenimiento y mejora de una correcta cultura ética dentro de las organizaciones está alineado a los estándares internacionales de Compliance. (Casanovas, 2018)
La cultura Compliance como herramienta de prevención de riesgos
La idea de cultura, está referida a la información que se transfiere socialmente e incluye, entre otros aspectos los conocimientos, creencias, leyes, moral, costumbres y hábitos adquiridos por el ser humano en cuanto miembro de una sociedad. (Muñoz, 2012). De este modo, la cultura en cualquier sociedad se cimenta en las conductas que tolera y las que evita, así, en el papel que se le ha asignado históricamente a la cultura como reguladora y administradora de conductas, subyacen un conjunto de normas que le dan vitalidad a su continua constitución y reproducción social. (Páramo, 2017)
En la esfera de Compliance, es muy importante observar una cultura de cumplimiento como un factor clave para establecer una cultura adecuada, de tal forma que, en la percepción de las personas, el incumplimiento se entienda como una situación inadecuada, intolerable y excepcional que debe corregirse y de ser necesario establecer responsabilidad penal en la medida que corresponda. Con el fin de poder fomentar en los individuos una actitud alineada en los códigos éticos o de conducta dentro de las instituciones, sean estas de naturaleza pública o privada, es indispensable disponer de una estructura sólida de Cumplimiento Normativo.
En este sentido, el Cumplimiento Normativo o Compliance se define como: “la función independiente que, a través de las políticas y procedimientos adecuados, detecta y gestiona el riesgo de incumplimiento de las obligaciones regulatorias, tanto externas como internas, que tiene una organización.” (Solís, 2007). Es importante destacar que, la cultura de Compliance favorece una cultura corporativa sana, pues en ella se incluye no solo el cumplimiento de las leyes, sino además se toma en cuenta una serie de valores éticos más allá de lo impuesto por ley. (Paagman, 2014). De estas últimas consideraciones se pueden obtener dos conclusiones: (a) un entorno ético es indispensable para que prospere un modelo Compliance y, (b) limitarse al cumplimiento de la Ley no siempre implica obrar éticamente (Casanovas, 2018).
En este punto conviene señalar que el Cumplimiento Normativo o Compliance, cobra una especial importancia en el ámbito de la actuación administrativa del sector público en el que se manifiesta con una frecuencia inaudita el delito de la corrupción, pues el control de riesgos se confía a normas de carácter general que no han sido suficientemente efectivas para evitar y castigar este tipo de ilícito.
En tal sentido, se debe recurrir a controles normativos que vinculen directamente las directrices del cumplimiento legal con las líneas de comportamiento ético, como el Compliance, ya que su función precisamente estaría orientada al hecho de que el sujeto aprenda nuevos valores en el seno de la organización que le impidan el cometimiento de actos corruptos. Todo lo cual, se trata de invertir en prevención…en la administración pública, que sólo actuaba de forma reactiva al delito. (Gutiérrez, 2018). Siguiendo con esta autora, la identificación y clasificación de los riesgos es una tarea previa y dinámica esencial para poder acometer la actividad de prevención. Puesto que, de acuerdo con lo expuesto por los autores (Urruticoechea & Ortiz, 2013), resulta estéril establecer áreas de riesgo si nadie comprueba que va a haber un incumplimiento o éste ya se ha producido. En este propósito, el cumplimiento normativo o Compliance, debe incorporarse como un mecanismo de supervisión y control preventivo del desempeño de las labores por parte de los funcionarios en todas las administraciones públicas.
En las instituciones públicas el Compliance estaría conformado por un mapa o análisis de riesgos, un procedimiento o canal de denuncias apropiado y organismos de control interno y externo. (Díez & Torrija, 2016) El mapa de riesgos debe desglosar las áreas más sensibles con una calificación de “alto”, “medio” y “bajo”, en referencia al riesgo penal en determinados ámbitos de actuación. (Gutiérrez, 2018).
Así también, afirma la referida autora que para la elaboración del mapa de riesgo no sólo deberán tenerse en consideración factores internos, como los déficits legislativos o los mecanismos de control, sino también factores externos que incluyen las organizaciones o personal externo con el que los empleados públicos se relacionan en sus funciones. (Gutiérrez, 2018) En la misma dirección (Nieto, 2015) ha señalado que la mayor parte de las administraciones necesitarán contar con personal externo tanto en la fase de análisis como en la de revisión.
Es así que, (Casanovas, 2018), considera que para crear una cultura de compliance se debe promover prácticas asociadas a promover valores éticos, en lugar de centrarse en el mero control de los individuos, en función de que las necesidades de vigilancia sobre un colectivo alineado con valores correctos siempre serán menores que sobre otro liderado desde el mal ejemplo. Por ello, el pilar fundamental de una correcta estructura de Compliance es la educación de todos y cada uno de los integrantes que forman una sociedad. (Paagman, 2014). Para lograr una adscripción conforme a los valores éticos se precisa dar a conocer los patrones de conducta que se desean junto con los que no serían tolerados en el seno de la organización. (Casanovas, 2018)
Este cometido, puede conseguirse según (Paagman, 2014) a través de guías de cumplimiento, creación de una figura dedicada a estas cuestiones, implicación de los directivos, comunicación de las responsabilidades de cada individuo, planes de comunicación de manera ascendente y descendente así como de forma vertical y horizontal, mediante mediadores, sistemas de compensación para aquellos que cumplan con la normativa y por supuesto, por la inversión más tiempo y recursos a esta cuestión.
En la misma línea, (Iberly, 2018) subraya que para crear una cultura de Compliance, se habrá de incidir en: (a) el proceso de toma de decisiones, (b) estructura normativa; (c) estructura de control; (d) formación y (e) un canal ético junto con un sistema disciplinario.
En suma, la adopción de una cultura de Compliance en las altas esferas de los mandantes en la administración pública de un país, da cuenta de una evolución en la organización social de un Estado que le permitiría actuar y desarrollarse en favor de la colectividad a quienes deben su quehacer y en contra de las actuaciones impunes de hechos de corrupción en los funcionarios públicos.
Conclusiones
La corrupción es uno de los problemas más acuciantes en las administraciones públicas de diversos países del orbe, siendo un flagelo que incide en el crecimiento y desarrollo de los pueblos y viola de manera directa los derechos humanos, pues afecta la calidad de vida de las personas más vulnerables.
Por ello, incorporar un mecanismo que relacione el cumplimiento de los aspectos normativos con la ética e integridad en el servicio público, es fundamental para el cometido de buenas prácticas gubernamentales y, en este punto cobra relevancia el Compliance que es un instrumento empleado para identificar, controlar, evaluar y sancionar comportamientos no acordes con la legislación vigente y el comportamiento ético que hoy en día demandan los estándares internacionales.
En este particular, los autores consultados aducen que el pilar fundamental de una correcta estructura de Compliance es la educación de todos y cada uno de los integrantes que forman una sociedad, como una manera de formar al ciudadano en una serie de valores conductuales cónsonos con una cultura de cumplimiento.
De este modo, al instaurarse una conducta Compliance en una sociedad, más allá de las normas legales establecidas, se logra un efecto sobre el conjunto de valores de las personas en los que se establecen códigos éticos o de conducta, que permitirán en el escenario de la administración pública una correcta actuación por parte de los funcionarios en materia anticorrupción, ello supone, sin lugar a dudas, una importante ventaja para los gobiernos, que ven mejorada su reputación y confianza tanto en el plano nacional como internacional.
Referencias
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